Se cumple en estas fechas un año desde la aprobación del Real Decreto 235/2013, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios, fruto de la transposición de la Directiva 2010/31/UE, relativa a la eficiencia energética de los edificios.

La entrada en vigor de dicho RD, hace ya cerca de un año, nos permite realizar una retrospectiva de este proceso:

Se arrancó con gran expectación, pues se hizo con retraso respecto a la fecha impuesta por Europa (1 de Enero), y pronto surgieron dudas, tanto por parte de los técnicos certificadores como por parte de la propia ciudadanía. El ministerio, en respuesta, ha publicado respuestas a estas cuestiones. De entre ellas, cabe destacar, las referentes a la titulación exigida para poder realizar las certificaciones, donde tras la aclaración por parte del Ministerio de Industria, se constata que prácticamente todas las ingenierías están habilitadas para ello, hecho cuando menos llamativo, así como la necesidad, en los supuestos previstos, de realizar la certificación energética de las viviendas individuales en bloque de menos de 50 m2 de superficie útil.

Hemos asistido también a la creación (y desaparición) de multitud de plataformas en internet que ofrecen servicios de publicidad y/o formación en materia de certificación energética, donde se publicita a los técnicos certificadores a cambio de una contraprestación por su parte.

Además, hemos presenciado la evolución del mercado en relación a los precios de los certificados energéticos, arrancando inicialmente de unos costes previstos (para una vivienda media de unos 100 m2) que se han visto reducidos entre 3 y 5 veces de lo inicial, llegándose a ver tarifas publicadas en webs, IVA incluido, menores de 80 €.

Aprobadas en este tiempo las consabidas sanciones en materia de certificación energética, se ha tenido noticias de aplicación (o puesta en marcha de ello) de procedimientos sancionadores. Ejemplo de ello son el técnico sancionado por obtener una calificación A en lugar de C; así como los informes de inspección en inmobiliarias en Navarra, donde se indica que “se observan anuncios publicitarios sin etiqueta de calificación energética”.