Las políticas en energía se inician en España con los primeros Planes Energéticos Nacionales de los años noventa, surgidos como una necesidad de blindarse ante nuevas subidas de los precios del petróleo, y evitando nuevas desestabilizaciones de la economía nacional, como las provocadas en 1973 y 1979. La aprobación del Plan de Fomento de las Energías Renovables de 1999 como transposición del Libro Blanco de la energía en la UE, es un importantísimo salto de calidad, que deriva en un espectacular incremento de este tipo de instalaciones en la primera década del siglo XXI.

Con la aplicación de las políticas de reducción de Gases de Efecto Invernadero desarrolladas al abrigo del Protocolo se incorpora un nuevo concepto, que es la eficiencia energética. Entendida ésta en un sentido estricto como una mejora de la relación entre energía demandada y energía primaria consumida, ésta se centraba en un uso razonable de la energía, que además garantizase un suministro seguro y en la medida de lo posible un bajo impacto ambiental.

La estrategia 20/20/20 y en particular el Real Decreto 56/2016 nos obligan a dar un paso adelante en la política energética nacional, extendiéndose a las empresas. No es suficiente un uso razonable de la energía y que sus efectos sobre el medioambiente sean mínimas, sino que además se debe procurar un uso seguro, económico y eficiente de las instalaciones por parte del usuario, denominándose este concepto gestión energética. Así se incorporan conceptos como la gestión empresarial (comprar combustibles al precio más ventajoso, contratación segura de servicios energéticos y de mantenimiento), cumplimiento estricto de la normativa industrial en instalaciones eléctricas, térmicas, ascensores, compresores, gases industriales…, el cumplimiento de la normativa en prevención de riesgos laborales, implantación de sistemas de calidad ISO 50.001 o la gestión de los residuos producidos en la empresa.