Hasta 49 instalaciones aparecen mencionadas en la fase IV de asignaciones de obligaciones del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión en Galicia. Entre las diferentes instalaciones, el espectro es variado: plantas de cogeneración, de refino de productos petrolíferos, de manufactura de productos siderúrgicos u otros metalúrgicos, elaboración de cementos, de productos cerámicos y químicos, de celulosa, cartonajes o maderera y un sinfín de productos más necesarios para nuestras necesidades del día a día… Haciendo un breve conteo, en este caso, se observa que en A Coruña hay una presencia predominante, no por ello dejan de tener importancia el resto de instalaciones ubicadas en el resto de provincias.

Todas ellas, a pesar de dicha diversidad, comparten algo en común: unos elevados consumos energéticos; eléctricos y térmicos, pues la mayoría de dichos procesos requieren procesos de alta temperatura a lo largo de diferentes puntos del proceso de elaboración. También utilizan en algunas ocasiones materias primas que han requerido de un tratamiento o transformación previa, y que lleva asociado también una huella de carbono importante. Por último, el hecho de aparecer en este listado, indica una cantidad de manufactura de productos elevada con un alto valor añadido. No es para menos, pues el sector de la industria contribuyó a un 15,4% del PIB (del cual, el sector manufacturero es el principal contribuyente traduciéndose este sector a un 11,3% del PIB) de España y a su vez, es responsable del 21% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero. Contrastando con el Instituto Galego de Estatística, esta cifra encaja con lo arrojado a nivel autonómico, donde el 15,8% del PIB de toda Galicia corresponde a este sector para el año 2022, estando algo por encima de la media nacional.

Esta huella de carbono, dependiente en buena parte del consumo energético térmico, en forma de combustibles fósiles (diésel, gas natural, carbón u otros) unido a la fiscalidad impuesta por parte de la Unión Europea para consecución de objetivos climáticos (el ya mencionado Régimen de Comercio de Derechos de Emisión) influye enormemente en la competitividad en la que una industria manufacturera se mueve respecto de otras plantas análogas, ya sea dentro o fuera de la Unión Europea, donde a veces dichas restricciones son menores o no aplican en algunos países con economías emergentes, lo cual, unido a otros costes variables, como puedan ser mano de obra o los propios costes energéticos, hace que el precio con el que se oferta en mercado tenga un margen nulo para no perder competitividad. 

Para equilibrar la balanza, a nivel regulatorio se está buscando que aquellos productos traídos desde fuera de Europa, tengan que certificarse en criterios de sostenibilidad y realizar el pago de un canon para demostrar haber cumplido un nivel de protección medioambiental en su elaboración, lo cual permite fomentar la cadena de consumo de procedencia cercana o que al menos el precio total se compense. Otros instrumentos no relacionados con medidas de mercado son las futuras ayudas a las que van a poder optar las ayudas a las empresas gasintensivas, que prevén publicarse el próximo verano (previsiblemente junio) y se une a otros mecanismos de compensación de costes como las ayudas a las industrias electrointensivas o la compensación de costes de emisiones indirectas de gases de efecto invernadero para empresas de determinados sectores industriales en riesgo de fuga de carbono. Estos mecanismos requieren una serie de requisitos particulares (realizar una actividad con un código de actividad empresarial determinado, tener un consumo energético mínimo o comprometerse a realizar actuaciones de eficiencia energética) que si se cumplen permite optar a un incentivo relativamente sencillo de gestionar.

La reflexión clave es: no es que la Unión Europea obligue a sus miembros (España incluida, y de forma más específica, Galicia), a restarse competitividad, sino que, dada la adhesión a los Acuerdos de París, y a los objetivos del Plan Nacional de Acción y Clima, quiere exigir a su industria que reduzca sus emisiones y acometa inversiones para garantizar su competitividad en el futuro, sobre todo gracias a unos costes energéticos reducidos por la ejecución de actuaciones de eficiencia energética, por la baja dependencia del coste de combustibles fósiles frente a una energía obtenida de fuentes renovables (recurso eólico privilegiado y el desarrollo de unos gases renovables que siguen dando pasos en sus diferentes vertientes, llámese biometano, hidrógeno verde, metanol o amoniaco).

Igualmente, la rentabilidad de los proyectos es muy arriesgada, y los incentivos tradicionales no han sido suficientes. La administración plantea simplificar la figura de las convocatorias de ayudas derivados de los instrumentos conocidos como PERTEs, donde el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y el Ministerio de Transición Ecológica han sido los principales gestores. A finales de año se espera la apertura de la nueva convocatoria del PERTE de Descarbonización, donde las figuras responsables están tratando de simplificar los requisitos de las convocatorias, dinamizar y establecer un canal de comunicación fluido con todos los implicados, y dónde por parte de la Xunta también se está tratando de canalizar los proyectos existentes que van recibiendo una perspectiva de encaje inicial en la futura convocatoria con la administración central. Que un proyecto de un importe elevado de inversión pueda recibir hasta 30 millones de euros de ayuda quizá pueda permitir gestionar el riesgo que implica cambiar la manera fundamental en la que se han fabricado determinados bienes durante décadas, y que dicha convocatoria amplie su calendario para presentación de propuestas durante los dos próximos años ayuda.

Esta perspectiva, frente a la nueva apertura de la convocatoria de ayudas de eficiencia energética de sector industrial exclusiva para Galicia gestionada por el INEGA hasta el próximo septiembre hace que los responsables de inversiones muevan carta y decidan subirse al tren y es aquí donde las empresas de servicios energéticos, los fabricantes de tecnología renovable y promotores de proyectos deben entrar a aportar su valor de diversas formas: como promotores, subcontratados o proveedores.

Si la industria gallega sale de este periodo fortalecido o condenado dependerá de muchos factores, pero este desde luego será uno a tener en cuenta.

Artículo de Carlos Fernández Ávila, Industrial Sectorial Leader FI Group publicado en el número 29 de Dínamo Técnica.