El Gobierno ha prorrogado varias de las medidas temporales establecidas para hacer frente a la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania, cuya vigencia terminaba el pasado 31 de diciembre. También se han incluido disposiciones para el fomento de las renovables y la competitividad de la industria, incluido el autoconsumo.

De esta manera se ha decidido prolongar, durante seis meses, la prohibición de cortar los suministros básicos de luz, agua y gas a los consumidores vulnerables, los descuentos reforzados del bono social y las tres categorías de beneficiarios, una fiscalidad reducida para gas y electricidad, los vigentes cargos de la electricidad, las ayudas para las tarifas reguladas de gas (TUR) o la exención del 80% de los peajes eléctricos a la industria electrointensiva, entre otras medidas. Se financiarán con cargo al superávit registrado en el sistema eléctrico durante 2022 así como con partidas específicas recogidas en los próximos Presupuestos Generales del Estado.

Igualmente, con el objetivo de potenciar las renovables y la industria asociada a la transición ecológica, ha extendido hasta ocho años el plazo de tramitación de nuevos proyectos de renovables, ha incorporado criterios cualitativos en las subastas de renovables que reconozcan el valor añadido social y ambiental de la industria europea, continúa el impulso al autoconsumo e introduce el almacenamiento energético entre los usos del agua, adaptando a esta finalidad las concesiones de las centrales hidroeléctricas de bombeo.

Estos son los 5 ejes a través de los cuales el Gobierno de España impulsa las energías renovables en este comienzo de 2024:

Fortalecer la industria auxiliar del sector de las energías renovables

La Unión Europea ha trasladado a los estados miembros el apoyo a la industria europea de renovables, clave para garantizar la estabilidad y la seguridad de suministro, alcanzar los objetivos climáticos y crear empleo y fortalecer el tejido empresarial. En la actualidad, su cuota en el mercado global se está reduciendo.

El reciente Paquete Europeo sobre la Energía Eólica plantea una mejora del diseño de las subastas de renovables. Además de los criterios económicos, incluye criterios cualitativos que ponderen los elevados estándares medioambientales y sociales de los productos europeos, reconociendo el valor añadido de la producción europea.

Las subastas para otorgar el Régimen Económico de Energías Renovables, que convoque el Gobierno, podrán incluir criterios de adjudicación no económicos con una ponderación máxima del 30%. Se valorarían aspectos como la contribución a la resiliencia, la sostenibilidad ambiental, la innovación, el impacto socioeconómico del proyecto u otros aspectos que mejoren la integración de las renovables en el sistema eléctrico.

Ampliar el plazo de tramitación de los proyectos de renovables

Para potenciar esa industria europea asociada a la transición energética y evitar tensiones en la cadena de valor que pueden encarecer los proyectos y aumentar las importaciones de bienes de equipo, el Gobierno ha modificado los hitos de la tramitación administrativa que deben cumplir los nuevos proyectos de energías renovables que estableció el Real Decreto-ley 23/2020,

Con esta modificación se propicia una incorporación ordenada de las nuevas instalaciones que aumente la visibilidad de los objetivos de producción de energías renovables fijados para 2030 y en un contexto de creciente electrificación.

El plazo para obtener la Autorización Administrativa de Construcción del proyecto se incrementa seis meses, hasta los 49 meses. Por otro lado, los promotores podrán prolongar desde los cinco años hasta un máximo de ocho años el plazo para obtener la Autorización Administrativa de Explotación. Será suficiente con indicar el semestre en que prevén la entrada en servicio de la instalación, con carácter vinculante. El plazo total máximo de tramitación para los parques eólicos marinos y los bombeos hidroeléctricos pasa a ser de nueve años.

Ampliar la capacidad de red para autoconsumo

Para favorecer una política de apoyo al autoconsumo, favoreciendo particularmente las instalaciones de gran escala ligadas a la actividad industrial, se reserva un 10% de la capacidad de todos los nudos de la red de transporte de electricidad. En los concursos de acceso quedará reservado este porcentaje para garantizar la evacuación de los excedentes de las instalaciones de autoconsumo.

También se facilitará el acceso a los fondos para autoconsumo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con modificaciones puntuales en el Real Decreto 477/2021. Se habilitará a las comunidades autónomas, encargadas del reparto de fondos territorializados, para que reduzcan la documentación acreditativa del cumplimiento de los criterios de adjudicación.

Aumentar la retribución a la cogeneración

Para generar mayor certidumbre a las instalaciones de cogeneración, biomasa y tratamiento de residuos, cuyos costes de explotación dependen esencialmente del coste del combustible, el Gobierno ha aprobado unos valores de referencia para calcular sus ingresos regulados, como el precio de la electricidad y el gas en los mercados mayoristas.

La retribución a la operación que percibirán estas instalaciones durante el primer semestre de 2024 asciende a 685 millones para la cogeneración y el tratamiento de residuos, y 2,23 millones para la biomasa.

Impulsar el almacenamiento hidroeléctrico de energía

El Gobierno ha integrado el almacenamiento energético entre los usos del agua. Lo ha ubicado en tercer lugar en el orden de preferencia, por detrás del abastecimiento a poblaciones y el uso agrario, y por delante de la producción de energía eléctrica y de otros usos industriales.

También se han adaptado las concesiones de las centrales hidroeléctricas de bombeo para que se consideren como almacenamientos hidráulicos de energía y se propicie su repotenciación. El almacenamiento energético es fundamental para la integración de la generación de energía renovable y la electrificación acelerada de la economía.

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