Galicia cuenta actualmente con 37 proyectos de almacenamiento energético en tramitación, que suman una potencia instalada superior a 404 MW, según explicó el director general de Planificación Energética y Minas, Pablo Fernández Vila. Estos proyectos, destacó, son fundamentales para reforzar la estabilidad del sistema eléctrico y para reducir las oscilaciones del precio de la electricidad, gracias a su contribución a la resiliencia de la red.

Fernández Vila subrayó la importancia de contar con un marco normativo claro, homogéneo y contrastado, que proporcione seguridad jurídica tanto a promotores como a administraciones. Defendió que el almacenamiento energético debería disponer de criterios regulatorios equivalentes a los de las líneas eléctricas, que ya están reconocidas por ley como infraestructuras de utilidad pública o de interés social.

El director general recordó que Galicia sí ofrece actualmente seguridad regulatoria para la implantación de estas instalaciones. En la comunidad, las plantas de almacenamiento, conectadas directa o indirectamente a las redes de transporte o distribución, ya sean independientes o hibridadas, reciben el mismo tratamiento administrativo que las instalaciones de generación eléctrica, lo que facilita su desarrollo.

Estas declaraciones fueron realizadas durante su intervención en la mesa redonda “Las comunidades autónomas y el despliegue del almacenamiento”, celebrada en Valladolid en el marco del Aepibal Day. Fernández Vila defendió la necesidad de una normativa básica estatal que “apueste claramente por el almacenamiento” y garantice una mayor uniformidad de criterios entre territorios.