APPA Renovables ha reclamado la eliminación inmediata del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE), el conocido “impuesto del 7%”, al considerar que encarece la electricidad y frena la electrificación, clave para incorporar más renovables y reducir la dependencia de combustibles fósiles importados. Este gravamen, creado en 2012 en un contexto de déficit tarifario ya superado, resulta, según la asociación, incoherente con los actuales objetivos climáticos y de reindustrialización. Su director general, José María González Moya, ha subrayado que no tiene sentido penalizar la electricidad renovable cuando España ya supera el 55% de generación eléctrica renovable, pero solo alcanza el 25% en el conjunto del consumo energético final.

La urgencia, añade APPA, aumenta tras la supresión en Portugal de un impuesto equivalente, lo que sitúa a España en desventaja competitiva dentro del mercado ibérico MIBEL. Mantener el 7% adicional sobre la generación puede distorsionar el mercado y restar competitividad a la producción nacional. Además, la Comisión Europea ha instado a reducir la carga fiscal sobre la electricidad, actualmente muy superior a la aplicada a otros consumos fósiles. A este impuesto se suman el Impuesto Especial sobre la Electricidad (5,11%), el IVA del 21% y diversos cánones y tasas, lo que —según el sector— penaliza cuatro veces más la electricidad que el gas y dificulta el avance hacia los objetivos del PNIEC 2030.

APPA advierte también de un desequilibrio creciente entre la elevada capacidad de generación renovable instalada y una demanda que apenas crece, lo que está provocando más restricciones de red, vertidos de energía y precios cero o negativos en el mercado. En 2025, el 9,2% de las horas registraron precios nulos o negativos y se desaprovechó hasta el 18% de la capacidad renovable, superando el 20% en algunas islas Canarias. Mientras la potencia renovable aumentó casi un 10%, su producción apenas creció un 1,2%, al tiempo que la generación con gas subió un 27,8%. Para la asociación, mantener una fiscalidad heredada y elevada añade incertidumbre, frena la electrificación y supone un paso atrás en la transición energética.