La aprobación de la Ley 21/1992
de Industria introdujo múltiples cambios en el sector, siendo el más importante
la libre implantación de establecimientos industriales, como norma general se
suprime la obligación de autorización previa y la sustituye por el
procedimiento de Declaración Responsable, en el que el titular se
responsabiliza del cumplimiento de la normativa para implantar una actividad,
así como de cumplir los requisitos en mantenimiento durante los años que este
establecimiento está en funcionamiento; en este nuevo contexto la
administración pública (en nuestro caso la Consellería de Industria como
organismo competente) únicamente realiza una acción de control y custodia de la
documentación, limitándose habitualmente a realizar inspecciones en caso de
denuncias o accidentes, y muy pocas veces de oficio. Este procedimiento de
Declaración Responsable tiene como gran ventaja que agiliza el procedimiento
administrativo, aunque por otro lado obliga a que el empresario asuma el
cumplimiento de normativa que en la mayoría de los casos desconoce por
completo.

Durante su vida útil los establecimientos deben cumplir el régimen de
inspecciones y revisiones, aunque bajo la responsabilidad del propio empresario.
Cito a continuación un listado no exhaustivo de elementos sometidos a estos
programas: instalaciones eléctricas en alta y baja tensión, centrales
eléctricas y centros de transformación; ascensores y maquinaria de elevación;
instalaciones térmicas en los edificios; pararrayos; gases combustibles y gases
licuados de petróleo; compresores, calderas y otros aparatos a presión;
depósitos de hidrocarburos o instalaciones frigoríficas. Existe otra normativa
no industrial como la sanitaria (torres de refrigeración, condensadores
evaporativos y las instalaciones susceptibles de propagación de la
legionelosis) o la relativa a prevención de riesgos laborales que sin ser
instalaciones industriales también van a conocer su funcionamiento o la
capacidad de las personas que operan sobre las mismas.

En todos estos casos existe un régimen de revisiones a cargo de empresas
mantenedoras o inspecciones a cargo de Organismos de Control Autorizado, con
serias sanciones en caso de incumplimiento, aunque no es ser hasta un accidente
o una denuncia cuando se aprecia la inexistencia de las tareas de
mantenimiento.

Como norma general las revisiones ordinarias buscan optimizar el funcionamiento
de las instalaciones (garantizar su fiabilidad, rendimiento óptimo…) mientras
que las inspecciones periódicas garantizan la seguridad para usuarios y
terceras personas (con la excepción de las inspecciones de rendimiento
energético recogidas en el R.I.T.E.); en ambos casos estas dos actuaciones
(revisiones e inspecciones) nos facilitan una gran cantidad de información y
nos permitirán hacer un diagnóstico inicial para saber si existen desviaciones
significativas respecto a los valores óptimos de funcionamiento, ya que un
funcionamiento deficiente o inseguro significa casi siempre una merma en la
eficiencia energética de un aparato o instalación.

En la mayoría de los casos los titulares de las instalaciones o gestores
energéticos (cuando existen) se preocupan por cumplir estos calendarios aunque
no son pocos los que no las considera un valor añadido importante y el
empresario prefiere arriesgarse a una posible sanción (bien de forma consciente
o por simple desconocimiento de la normativa). Este comportamiento aparte de
irresponsable (no se está cumpliendo una normativa obligatoria) no es
inteligente, un rendimiento inferior a los valores óptimos incrementa el gasto
diario en operación y acorta la vida útil de las instalaciones, además de
provocar situaciones inseguras e innecesarias en las que el titular será el
principal perjudicado de un accidente mucho más probable que en caso de
cumplimiento de la normativa.

Artículo publicado en el número 15 de la revista gallega de energía, Dínamo
Técnica.

Autor: Fernando Blanco Silva, doctor e ingeniero industrial.