En Galicia fuimos pioneros en energía eólica. En 1990 se instaló en Galicia el aerogenerador AWEC-60, que fue un hito mundial en tecnología. A partir de entonces, bajo el régimen estatal de tarifa regulada para las energías renovables y los planes eólicos empresariales impulsados por la Xunta de Galicia, Galicia pasó a finales de 2008 a ser líder en España en energía eólica producida, con una potencia eólica instalada de 3.058 MW. Actualmente, esta cifra se encuentra en 3.863 MW. Aunque diversos motivos explican este frenazo, lo cierto es que en los últimos 15 años hemos hecho la cuarta parte de lo que se hizo en los 15 años anteriores. Esto ha provocado una disminución de puestos de trabajo. A pesar de ello, seguimos manteniendo una importante presencia industrial en fábricas de componentes, así como en centros especializados en mantenimiento. 

Mientras, los promotores eólicos y la Xunta de Galicia hemos hecho nuestro trabajo: a día de hoy disponemos de una cartera de proyectos eólicos en Galicia de unos 4.200 MW con evaluación ambiental favorable. Los promotores estamos listos para iniciar inmediatamente su construcción, que supondrían una inversión directa en Galicia de unos 5.000 millones de euros. Se trata de una inversión 100% privada, sin ningún tipo de subvenciones públicas. Esta inversión dejará un impacto inmediato directo en la economía gallega, pero también permitirá a largo plazo multiplicar por 2 el empleo directo e indirecto vinculado a la eólica, que actualmente está en unas 6.000 personas. A esto hay que añadir la oportunidad que ofrecen la renovación de los aerogeneradores en los parques eólicos más antiguos y la eólica marina. Además, podríamos incrementar el efecto multiplicador sobre la economía si conseguimos establecer acuerdos de venta de electricidad a largo plazo (“PPAs”) con los grandes consumidores industriales, para recuperar la actividad industrial perdida desde la crisis del covid e incluso atraer nuevas industrias. Para ello, será necesario la colaboración con la administración para buscar la forma de que los bancos acepten esos PPAs en la financiación de proyectos bajo la modalidad “project finance”. Por último, cabe mencionar que algunas actividades susceptibles de recibir subvenciones europeas, como la producción verde de hidrógeno, amoníaco o metanol, requieren asegurar un suministro de electricidad de origen renovable proveniente de nuevos proyectos (es lo que se conoce como “adicionalidad”). En resumen, construir nuevos parques eólicos en Galicia ayudará a recuperar el peso de la industria en la economía gallega. 

A pesar del ruido mediático, en todo 2023 no se ha conectado a red ni un nuevo MW de eólica en Galicia. ¿Qué está pasando? Pues bien, algunas asociaciones conservacionistas, bajo el lema “eólicos sí, pero no así”, han presentado recursos contenciosos administrativos contra las autorizaciones de prácticamente todos los parques eólicos autorizados en Galicia. Estamos hablando de cerca de 150 proyectos, lo que lleva a varios cientos de recursos. La sección 3º de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) está admitiendo a trámite estos recursos. El TSXG ya ha decretado la suspensión cautelar de varios parques eólicos, y es probable que hagan lo mismo con la mayoría de proyectos que han sido autorizados, adoptando un criterio diferente al que están tomando otros tribunales superiores autonómicos. El TSXG se basa en el principio de precaución, entendiendo que el posible daño que la construcción y operación de un parque eólico podría causar sobre el medioambiente o el paisaje debe prevalecer sobre todo lo demás (reducción de emisiones de efecto invernadero, creación de puestos de trabajo, pago de impuestos, etc), llegando a poner en duda que la evaluación ambiental realizada por la Xunta de Galicia haya sido realizada correctamente. La doctrina del TSXG abre un precedente peligroso, porque con los mismos criterios que se esgrimen contra los proyectos eólicos se podría paralizar cualquier proyecto sometido a evaluación ambiental, ya sea una nueva industria o cualquier infraestructura pública, como una carretera, un puerto o un hospital.

Lo cierto es que la tramitación ambiental de la energía eólica en Galicia es de las más exigentes y garantistas de toda España, que es tanto como decir que es de las más exigentes del mundo. Una lectura de cualquiera de las declaraciones ambientales favorables otorgadas en el último año para un parque eólico en Galicia permite comprobar que, tras un análisis exhaustivo, se están requiriendo medidas muy rigurosas para asegurar que la actividad sea compatible con la conservación del medioambiente. Por eso, soy optimista, y confío en que la justicia acabará confirmando que la tramitación ha sido conforme a derecho, aunque tal vez sea necesario llegar al Tribunal Supremo. A pesar de todo, el volumen de recursos y los tiempos de la justicia podrían abocar al sector a una nueva parálisis de varios años. 

A esto se le añade un problema adicional. El Real Decreto-Ley 23/2020 establece la caducidad automática de los permisos de acceso a la red eléctrica en caso de que los proyectos no se hayan puesto en marcha en un periodo de 5 años. El artículo 28 del Real Decreto-Ley 8/2023 permite solicitar una ampliación de ese plazo en hasta 3 años adicionales, pero con la contrapartida de no poder poner en marcha los proyectos antes del inicio del semestre en que expiraría el plazo. Ante el riesgo de que el TSXG pueda suspender cautelarmente el inicio de las obras, la mayoría de promotores probablemente optará por solicitar antes del 1 de abril de 2024 la ampliación máxima de plazo que permite la ley. Eso significaría retrasar las inversiones en 2 o 3 años.

El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima establece un objetivo a 2030 de prácticamente multiplicar por 2 la potencia eólica instalada en la actualidad, y por 3 la solar fotovoltaica. Esto va a requerir una inversión de cerca de 100.000 M€ en los próximos 8 años. Hay zonas en España más favorables para la instalación de fotovoltaica que Galicia, porque disponen de más radicación solar y grandes extensiones llanas de terreno. Si Galicia no se quiere quedar atrás, tiene que impulsar la construcción de más potencia eólica. Además, la eólica marina se ofrece como una enorme oportunidad de futuro. Pero esto es una carrera. Otras comunidades autónomas, como Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Andalucía están acelerando en eólica terrestre. Y Canarias lo está haciendo en eólica marina. 

Acaban de celebrarse unas elecciones autonómicas. Hemos tenido la oportunidad de escuchar las propuestas en energía de los diferentes partidos políticos. El debate ha girado en torno a si el sector público debe participar en esas inversiones, a si se deben incrementar los cánones e impuestos aplicados, y a si desde Galicia debemos demandar que las regiones excedentarias en electricidad puedan beneficiarse de precios relativamente más bajos. Es lícito que nos planteemos si es posible mejorar el modelo que tenemos. Pero si no se construyen nuevos parques eólicos, no va a haber nada que debatir.

En Galicia tenemos el conocimiento y los recursos para ser punta de lanza en Europa en la transición energética. Pero necesitamos la colaboración de toda la sociedad gallega para superar los obstáculos. Es prioritario acelerar los plazos de tramitación y evitar la inseguridad jurídica para acelerar la implantación de renovables. Al mismo tiempo, debemos impulsar la eficiencia energética y la electrificación del consumo energético. Está en nuestra mano continuar a la vanguardia de esta revolución energética… o dejar pasar una oportunidad histórica. 

Artículo publicado en el Nº31 de Dínamo Técnica

Autor: Fernando Vivas Pérez. Ingeniero Superior Industrial por la UPM y CentraleSupélec y eMBA por la UIE.

Fotografía de encabezado y galería final: Parque eólico Montouto. Adelanta.

Galería intermedia: Parque eólico Irixo. Adelanta.