El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha anunciado esta semana la paralización de 13 nuevos proyectos de generación eléctrica con energía eólica basándose en la “prevalencia, prevención y precaución en materia medioambiental”.

Las primeras reacciones se han hecho llegar desde la Asociación Empresarial Eólica (AEE), que ha alertado sobre la reiterada situación de inseguridad jurídica que afecta al desarrollo eólico en Galicia. Advierte sobre una preocupante coyuntura de incertidumbre e indefensión, en cuanto al desarrollo eólico, como consecuencia de una judicialización masiva de proyectos que cuentan con la preceptiva declaración de impacto ambiental (DIA) y el correspondiente permiso de construcción.

En diciembre, anulando las sucesivas suspensiones cautelares a más de 200 MW, quedó palpable que todos los parques que estaban siendo paralizados, tras demandas que argumentaban defectos en el proceso de consulta pública, se habían tramitado correctamente, según advierte AEE. El tribunal gallego se basa ahora en el mapa de zonificación ambiental, publicado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) como referencia al hipotético daño ambiental de los proyectos.

AEE insiste en que esto es cuestionado desde varios ámbitos jurídicos, porque el mapa de zonificación no tiene rango normativo propio y es una herramienta de apoyo para la tramitación de proyectos que pretende informar al promotor sobre la complejidad ambiental del desarrollo de las instalaciones en determinadas zonas. Es una herramienta de aviso de la dificultad, no de prohibición ni de habilitación de espacios. Igual que no puede prohibir, tampoco garantiza que un proyecto que se desarrolla en una zona favorable en el mapa vaya a obtener una autorización ambiental positiva.

El trámite realmente riguroso y vinculante que termina aprobando o no un proyecto, es la obtención de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Para su obtención, los técnicos competentes de la Administraciones Públicas analizan todos los impactos ambientales de los proyectos, y es la que termina aprobando o denegando la autorización ambiental de los mismos. Si procede, se imponen medidas preventivas, compensatorias o mitigadoras.

Para AEE, estas paralizaciones vuelven a cuestionar la interpretación y aplicación que se ha venido realizando desde hace más de diez años de la ley 21/2013 de evaluación ambiental. Cuestiona la autoridad, el juicio técnico y la competencia de los expertos del órgano ambiental de la Administración para otorgar la autorización a los proyectos. No solo en relación a los parques eólicos, sino que también podría afectar a la tramitación ambiental de cualquier instalación industrial o infraestructura, ya no solo en Galicia, sino en España e incluso en toda Europa.

Esta situación actual contribuye a la pérdida de confianza y de reputación para atraer nuevas inversiones, al no existir las garantías jurídicas para, una vez superados con éxito todos los trámites pertinentes regulados en la normativa en vigor, poder desarrollar las instalaciones sin el peligro de una paralización, con los consiguientes perjuicios económicos y patrimoniales.

En Galicia hay aproximadamente 60 proyectos eólicos, que suponen 3.000 MW de potencia, afectados por la judicialización. Supondrían unos 4.200 millones de euros de inversión. Esta paralización afecta al posible desarrollo de 32 nuevos proyectos industriales de carácter estratégico planificados en Galicia. También afecta a la cadena de valor en el territorio (bienes de equipo, proveedores locales de servicios, constructores de obra civil, etc.) que participarían en la construcción, montaje y operación de los parques eólicos a lo largo de su ciclo de vida.