Entrevista a Alberto Suárez, Director del Gestor del Sistema de Distribución de UFD

“El coste de la energía que se defrauda no lo paga la empresa eléctrica, lo paga el conjunto de la sociedad”

¿Existe realmente un problema de fraude eléctrico en España y en Galicia? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de fraude?

Sí, sin duda existe un problema relevante de fraude eléctrico, tanto a nivel estatal como en Galicia. Toda la energía que se consume en un punto de suministro debe registrarse correctamente en los equipos de medida para poder ser facturada y así garantizar el equilibrio económico del sistema eléctrico. Hablamos de fraude cuando esa energía no se registra y no se factura, bien porque el titular manipula el contador, puentea la instalación o se conecta directamente a la red sin contrato con una comercializadora.

En los últimos años este fenómeno ha crecido de forma muy significativa. Es un problema operativo para las redes, un riesgo para la seguridad de las personas y un coste económico que acaba repercutiendo en el conjunto de los consumidores.

Desde UFD tenemos una estrategia contundente que tiene como objetivo prevenir el riesgo que implican las conexiones ilegales para la seguridad de las personas y reducir el coste que supone para el sistema eléctrico y que asumen el resto de los consumidores.

¿Cómo ha evolucionado este fenómeno en los últimos años y a qué responde ese incremento?

El fraude eléctrico ha aumentado de forma considerable en los últimos años. Tras la crisis económica de 2008 se produjo un repunte en el mismo que se vio incrementado posteriormente tras la crisis sanitaria y económica del COVID-19 en los años 2020 y 2021., Fruto del esfuerzo que estamos haciendo en la identificación y persecución del fraude en los últimos años, desde 2021 las conexiones fraudulentas detectadas han crecido en torno a un 300%. Hablamos de tres modalidades de fraude eléctrico: manipular el contador; puentear el contador para que la energía no sea medida; y la conexión directa a la red eléctrica.

¿Qué impacto tiene este fraude en el sistema eléctrico y en la seguridad de las personas?

El impacto es doble. En primer lugar, económico: el coste de la energía defraudada no desaparece, sino que recae sobre el conjunto de los consumidores. Por eso decimos que “el fraude lo pagamos todos”. Se estima que el quebranto anual para el sistema eléctrico asciende a unos 2.000 millones de euros.

Pero, además, el fraude tiene un impacto muy grave en términos de seguridad. Las conexiones ilegales implican la manipulación de las instalaciones y suelen carecer de protecciones, lo que puede provocar incendios, sobrecargas, cortes de suministro o incluso electrocuciones. Estas situaciones ponen en riesgo no solo a quien realiza esa manipulación, sino también a vecinos y edificios enteros. Detrás de una instalación fraudulenta puede haber un riesgo real para la vida de las personas.

Por ello, Naturgy está inmersa en un plan para detectar y desconectar conexiones fraudulentas y manipulaciones de contadores en todos los territorios en los que opera.

Desde UFD, ¿qué estrategia siguen para combatir y prevenir el fraude eléctrico?

La lucha contra el fraude es un objetivo prioritario para UFD. Como distribuidora, desarrollamos una actividad regulada y tenemos la obligación de prestar el servicio con unos estándares de calidad y eficiencia muy exigentes, supervisados por la CNMC. Reducir las pérdidas no técnicas —entre las que se encuentra el fraude— es clave tanto para la sostenibilidad del sistema como para la calidad del suministro.

La legislación es clara: la Ley del Sector Eléctrico y el Real Decreto 1955/2000 nos habilitan para detectar, comunicar y actuar ante situaciones de fraude, incluyendo la interrupción del suministro cuando se detectan anomalías. Además, la manipulación de instalaciones eléctricas está tipificada como delito en el Código Penal.

Los datos de 2025 muestran una actividad muy intensa. ¿Qué balance hacen, especialmente en Galicia?

El balance es significativo. En 2025, UFD realizó más de 46.800 actuaciones contra el fraude en el conjunto de sus zonas de distribución (Galicia, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León), recuperando 149 GWh de energía, un 12% más que el año anterior. Es una cantidad equivalente al consumo anual de 46.500 viviendas.

En Galicia, el esfuerzo ha sido especialmente relevante: llevamos a cabo más de 15.800 actuaciones, que permitieron recuperar 40,8 GWh de energía, también un 12% más que el año anterior, lo que equivale al consumo de unos 12.500 hogares. Del total de actuaciones, 7.800 se realizaron en la provincia de A Coruña, 6.600 en Pontevedra, 1.000 en Ourense y 370 en Lugo.

En el conjunto de España, las actuaciones llevadas a cabo por UFD se saldaron con la apertura de más de 13.300 expedientes por fraude en el conjunto de las regiones en las que opera. En Galicia se registraron 3.532 casos, mientras que Madrid registró el mayor número de casos, con un total de 5.136 expedientes, Castilla-La Mancha (4.380), y Castilla y León (247).

¿Qué tipo de fraudes detectan con mayor frecuencia en Galicia?

Detectamos las tres tipologías habituales: manipulación de contadores, puentes para evitar la medición y conexiones directas a la red sin contrato. En los últimos años hemos observado un incremento de fraudes asociados a consumos intensivos, especialmente vinculados a cultivos de marihuana. En 2025, a nivel nacional, interceptamos electricidad fraudulenta asociada a 144 instalaciones de este tipo, que consumían de forma ilegal 4,4 GWh anuales, lo que equivale a la demanda de unas 1.400 viviendas.

La detección es clave. ¿Qué papel juegan la tecnología y el análisis de datos en esta lucha?

La detección de conexiones fraudulentas es esencial para poder frenar estas prácticas. En ese sentido, realizamos un análisis de zonas en las que se detectan mayores pérdidas no técnicas para concentrar ahí los esfuerzos. A eso responde nuestro esquema de control de energía, que es único en el sector y que nos permite identificar las bolsas donde se centran los mayores problemas de pérdidas. 

En media y baja tensión, gracias a la telegestión y a la telemedida de los contadores, analizamos pautas de consumo teniendo en cuenta variables climatológicas, contractuales y de actividad económica. Esto nos permite identificar desviaciones y seleccionar puntos con alta probabilidad de fraude.

Además, realizamos balances energéticos desde los centros de transformación para detectar consumos anómalos que no se corresponden con los suministros asociados. Todo ello se apoya en herramientas de big data, inteligencia artificial y modelos avanzados de machine learning que nos ayudan a identificar patrones sospechosos y actuar de forma más eficaz.

¿Cómo se coordina UFD con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado?

La colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es fundamental. En muchas zonas donde el fraude es más intenso también existen problemas de ocupación ilegal de viviendas y actividades delictivas. Trabajamos conjuntamente tanto para planificar actuaciones complejas como para garantizar la seguridad de nuestras brigadas en campo.

Cuando detectamos indicios de fraude vinculados a actividades delictivas, como plantaciones, ponemos la información en conocimiento de las fuerzas de seguridad, que son quienes asumen la investigación a partir de ese momento.

¿Qué papel puede jugar la ciudadanía en esta lucha contra el fraude?

La sensibilización y colaboración ciudadana es clave. Desde UFD ponemos a disposición de los consumidores un canal de denuncias totalmente anónimo en nuestra web (www.ufd.es), que nos proporciona información muy valiosa para detectar posibles casos de fraude. Muchas actuaciones se inician gracias a avisos de vecinos preocupados por su seguridad.

Es importante entender que el fraude no es un problema ajeno: afecta a la factura de todos y puede poner en riesgo a comunidades enteras. Un incendio en una centralización de contadores de un edificio, motivado por una manipulación de la misma, puede poner en riesgo la seguridad de los vecinos, además de la posible evacuación del edificio y la falta de suministro durante varios días hasta que la Comunidad de Propietarios proceda a la reparación de la centralización a su cargo. Erradicarlo es una responsabilidad compartida.

En el plano tecnológico, ¿es necesario reforzar las infraestructuras eléctricas para evitar situaciones como el fraude? ¿Qué inversiones ha acometido Naturgy en este sentido en el último año? 

Cada año invertimos millones de euros en digitalización y mejora de nuestras infraestructuras. Estas inversiones se centran, principalmente, en innovación y aplicación de nuevas tecnologías para avanzar en la telemedida y telegestión de los puntos de suministro, en el telecontrol y sensorización de las redes, así como en el robustecimiento de las infraestructuras, ciberseguridad y gestión avanzada de activos, entre otros. 

Los avances tecnológicos que hemos implantado en los últimos años han contribuido a un mejor control del fraude eléctrico. Como decía, la telegestión y la monitorización de la energía a lo largo de la red nos permite analizar las pautas de consumo de los suministros y realizar balances energéticos, identificando desviaciones cuando no se ajustan a los parámetros previstos, por lo que podemos centrar nuestros esfuerzos en áreas con una mayor probabilidad de fraude. El análisis de datos y la Inteligencia Artificial también son grandes aliados en este sentido.

Para terminar, ¿qué mensaje le gustaría trasladar a la sociedad gallega?

Que el el coste de la energía que se defrauda no lo paga la empresa eléctrica, lo paga el conjunto de la sociedad. Nos afecta a todos, tanto en términos económicos como de seguridad. Desde UFD seguiremos invirtiendo en digitalización, en redes inteligentes y en colaboración institucional para combatirlo, pero es fundamental que exista una concienciación social clara sobre los riesgos y las consecuencias de estas prácticas.