El Gobierno ha sometido a audiencia pública un proyecto de real decreto que establecerá nuevos requisitos de sostenibilidad energética y ambiental, resiliencia y soberanía digital para los centros de datos. La norma, cuyo periodo de alegaciones permanecerá abierto hasta el 4 de septiembre, afectará especialmente a las instalaciones de más de 1 MW de potencia eléctrica y condicionará sus derechos de acceso y conexión a la red al cumplimiento de los nuevos criterios. Entre ellos destaca la obligación de cubrir, hora a hora, al menos el 80% del consumo eléctrico con generación renovable de nueva implantación, mediante autoconsumo o contratos de compraventa de energía (PPA).

El proyecto también fija requisitos técnicos de eficiencia energética e hídrica. Los centros deberán ajustarse a los niveles más exigentes previstos en el etiquetado europeo, tomando como referencia los indicadores Power Usage Effectiveness (PUE) y Water Usage Effectiveness (WUE). Cuando entre en vigor el sistema europeo previsto en el Reglamento Delegado (UE) 2024/1364, actualmente previsto para agosto de 2027, será exigible la categoría A en ambos parámetros.

Además, cada nuevo megavatio de consumo deberá estar respaldado por nueva potencia renovable instalada durante los 18 meses anteriores a la puesta en servicio del centro. El Ejecutivo pretende así acompasar el crecimiento de una actividad intensiva en electricidad con la incorporación de nueva capacidad renovable: desde 2021 ya se han concedido en España más de 12 GW de derechos de acceso y conexión para este tipo de instalaciones.

La regulación incorpora asimismo condiciones de soberanía digital. El operador deberá estar establecido en la Unión Europea y los datos, metadatos y registros vinculados a la operación del centro tendrán que permanecer en territorio comunitario, con medidas de control frente a accesos desde terceros países no amparados por el Derecho europeo.

Los centros de más de 500 kW deberán comunicar anualmente al MITECO información sobre eficiencia y sostenibilidad para su publicación, mientras que los de más de 1 MW tendrán obligaciones adicionales sobre mejores prácticas. Los proyectos actualmente en tramitación dispondrán, con carácter general, de seis meses para adaptarse; el incumplimiento podrá traducirse en recargos sobre cargos y peajes y, en último término, en la pérdida de los derechos de acceso y conexión a la red.