Tres asociaciones nacionales del ámbito energético han hecho público un comunicado en el que expresan su desacuerdo con las últimas medidas propuestas por la Xunta de Galicia para el sector renovable. Se trata de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (AELEC) y la  Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA Renovables), todas con sede en Madrid.

Las medidas anunciadas por la Xunta de Galicia, afectan especialmente a los ámbitos eólico e hidroeléctrico y están incluidas en un proyecto de Ley próximo a aprobarse. A juicio de estas tres asociaciones generan incertidumbre y ralentizan el avance de la transición energética, perjudicando tanto a Galicia como al resto de España. Entre las propuestas destacan dos puntos principales: la obligatoriedad de vender parte de la energía generada a clientes locales en Galicia y el cierre de parques eólicos que no sean repotenciados tras 25 años de operación.

Las asociaciones argumentan que los parques eólicos con más de 25 años funcionan con plena garantía y, gracias a las inversiones realizadas, suelen producir más energía que al inicio de su actividad. Forzar su cierre por razones administrativas es calificado como antieconómico, distorsionador del mercado y contrario a la libre competencia.

Asimismo, obligar a los promotores a vender energía exclusivamente en la comunidad gallega se considera una medida contraria al Derecho. Las asociaciones subrayan que esto fragmenta el mercado único español y europeo, y compromete el principio constitucional de unidad de mercado.

Estas condiciones ya están agravadas por la inseguridad jurídica que el sector eólico en Galicia enfrenta desde hace años debido a la suspensión de autorizaciones para nuevos proyectos y que ha llevado a la paralización del sector.

Las tres asociaciones reiteran la necesidad de un mercado energético que sea dinámico y libre de barreras internas para fomentar la competencia en España. Resaltan su compromiso con la transición energética, esencial para la sostenibilidad y competitividad del país, pero advierten que medidas como las propuestas suponen un retroceso, aumentan los litigios y dificultan el desarrollo de energías renovables, perjudicando tanto a Galicia como a España.