Mercado eléctrico chileno: claves de sus intentos de protección al cliente final
Casi cinco años después del primer congelamiento de los precios de energía, Chile ha acumulado una deuda cercana a los 6 mil millones de dólares a las empresas de generación de energía. Desde el 2019 a la fecha se han dictado diferentes leyes que buscaban proteger de las subidas de precios a los clientes regulados. Este año, se ha iniciado el proceso de descongelamiento de tarifas, lo que significó alzas promedio de alrededor de 50% para los clientes residenciales.
El estallido social del 2019
El 18 de octubre de 2019, el descontento ciudadano provocado por el alza del precio del transporte público en la capital del país, inició un levantamiento masivo de chilenos, que fueron a las calles expresando sus reclamos por la desigualidad económica y diversos temas relacionados. Estas protestas se extendieron hasta Navidad y se preparaban para volver en marzo del 2020, pero la llegada del COVID-19 al país, evitó más protestas masivas, pero acrecentó el problema económico del país. El gobierno de turno, entonces, respondió con medidas como el congelamiento de precios de servicios como la electricidad y así, mitigar el reclamo popular.
Ley 21.185 PEC
Así, nació el Precio Estabilizado al Cliente (PEC), primera ley que contuvo el alza del 9% en las tarifas eléctricas y que planteó un límite de endeudamiento de 1.350 millones de dólares y el plazo para este congelamiento sería diciembre de 2020. Este costo financiero sería asumido por las empresas de generación. Sin embargo, estas proyecciones se hicieron con los principales indexadores del precio de energía en condiciones mundiales diferentes a lo que se avecinaba, el dólar, el precio del gas por ejemplo se vieron significativamente afectados por el COVID-19 y posteriormente la guerra en Ucrania.
Por otro lado, si bien se congeló el precio de la generación, que representa el 70% de la tarifa, el segmento de distribución, cuyo peso es del 20%, también se vio afectado legalmente, pues además de rebajar la rentabilidad de las distribuidoras, el Valor Agregado de Distribución, también permanecería constante.
Ley 21.472 MPC
El nuevo mundo, después de la pandemia, hizo que el límite de endeudamiento establecido se alcance antes de lo pensado, por lo que la ley PEC se hizo insuficiente. Chile tenía un nuevo gobierno, el que propuso y creó el siguiente Mecanismo de Protección al cliente (MPC) y estableció un fondo de 1.800 millones de dólares, que contuvo alzas superiores al 40% y el plazo límite para saldar la deuda, cuyo techo sería 5.500 millones de dólares, sería el año 2032. Nuevamente, el tipo de cambio y las alzas internacionales de otros indexadores hicieron que los límites de deuda sean alcanzados rápidamente.
Ley 21.667
Después de analizar las deficiencias de la ley anterior, el gobierno, a nivel ejecutivo y legislativo se volvió a unir para acordar propuestas de solución, así en enero de este año, se presenta el Proyecto de Estabilización tarifaria que permite el aumento gradual de las tarifas eléctricas y aliviar las presiones de los generadores. Con esta nueva ley, se contiene un alza de más de 150% en ciertos segmentos, pero significa que los hogares chilenos, a partir del próximo año vean alzas de más del 40%.
Perspectivas futuras
Si bien, las empresas generadoras pueden tener un alivio a las restricciones de capital, pues la nueva ley establece un cronograma de pago de la deuda acumulada, tanto los clientes, como segmentos del gobierno siguen exigiendo soluciones para frenar las alzas, llegándose a proponer extensiones a los subsidios para el segmento más vulnerable de la población.
El mercado eléctrico chileno, desde su contexto social y económico ha transitado por un complejo camino, en el cual sus gobernantes han intentado proteger a los consumidores a costa de sus compromisos con las empresas generadoras. A medida que Chile avanza, es crucial que sus políticas energéticas vayan adaptándose a la realidad económica y social del país, buscando soluciones sostenibles que permitan a los consumidores asumir el costo de sus servicios básicos, pero buscando no comprometer la viabilidad de la inversión en el sector eléctrico.
Artículo para la edición digital de Dínamo Técnica.
Autora: Ana Paola Purizaca, ingeniera industrial – Grupo Saesa
Fuente fotografías: Saesa.