El Gobierno de España ha aprobado este 10 de enero la propuesta, que remitirá a la Comisión Europea, para reformar el mercado eléctrico europeo. El objeto es rebajar los precios y reducir la volatilidad, manteniendo el avance en la descarbonización, garantizando en todo momento la seguridad de suministro y repartiendo los costes de un modo más justo entre productores y consumidores.

El diseño actual genera una serie de problemas:

• escaso peso de los mercados a plazo,
• precios elevados que no reflejan los bajos costes de las energías renovables,
• beneficios extraordinarios en las tecnologías no contestables (hidroeléctricas y nucleares) y
• señales inadecuadas para orientar la inversión.

La propuesta española se basa en el desarrollo de los mercados a plazo de energía y de servicios de capacidad y flexibilidad, adaptados a las necesidades de cada país o región.

Un mercado a plazo aportará una estabilidad que no ofrecen los actuales mercados de futuros, estableciendo, mediante subastas, contratos por diferencias con los generadores de renovables, que percibirán un precio fijo durante toda la vida útil de las instalaciones, de un modo similar al sistema aplicado en España. De esta manera la generación renovable reflejará los costes medios de las instalaciones, garantizando su rentabilidad y trasladando la rebaja a los consumidores.

En aquellas tecnologías no contestables, en las que apenas hay competencia, por escasez de recurso o falta de apoyo social y político, el contrato por diferencias se materializará a un precio regulado. Así se podrán reducir los precios de los consumidores inmediatamente, a la vez que se ofrece seguridad, visibilidad y estabilidad de ingresos a los generadores, sin que obtengan beneficios extraordinarios.

Estos contratos por diferencias a largo plazo se complementan con el desarrollo de mercados de capacidad que retribuyan a las instalaciones de generación y de almacenamiento, o a la gestión de la demanda, por estar disponibles y garantizar el suministro. La normativa de la UE ya prevé estos mercados, pero sólo como instrumentos excepcionales, temporales y de último recurso, por lo que es necesario facilitar y agilizar su implementación.

En definitiva, España propone mantener el mercado a corto plazo actual (diarios intradiarios y servicios de ajuste), que seguirá funcionando como hasta ahora, proporcionando señales eficientes de precios y de despacho. Por otro lado, los ingresos de los generadores se regirán por los contratos a largo plazo que reflejen el coste medio del suministro.

Para llevar a cabo la reforma es necesario modificar la normativa europea. En tanto no se aprueba, España y Portugal propondrán la extensión del Mecanismo Ibérico para seguir protegiendo a los consumidores del ineficiente diseño actual.