El Gobierno ha aprobado el pasado 24 de junio el Real Decreto-ley 7/2025, una norma que refuerza la supervisión del sistema eléctrico, facilita el desarrollo de renovables, impulsa la electrificación de la demanda, promueve el almacenamiento y mejora la seguridad jurídica del sector.

El texto ha sido bien recibido por las principales asociaciones del sector, que valoran sus avances en flexibilidad, planificación y tramitación, aunque también señalan retos pendientes, especialmente en autoconsumo y diversificación tecnológica.

Como respuesta al incidente eléctrico del pasado 28 de abril, el Real Decreto-ley 7/2025 introduce una serie de medidas para reforzar la resiliencia técnica del sistema. La CNMC tendrá seis meses para evaluar el cumplimiento de los servicios esenciales del sistema por parte de los agentes eléctricos, y elaborará un plan de inspección específico que se repetirá cada tres años.

A su vez, Red Eléctrica de España (REE) deberá proponer reformas técnicas sobre oscilaciones de potencia, tensiones, restricciones técnicas, y desarrollar nuevos procedimientos de operación, entre ellos uno específico para coordinar la planificación entre redes de transporte y distribución. También será la encargada de centralizar el acceso a los datos de más de 30 millones de contadores inteligentes, mejorando así la transparencia y operatividad del sistema.

Real Decreto-ley 7/2025: electrificación, autoconsumo, repotenciación e hibridación

Uno de los ejes centrales del Real Decreto-ley 7/2025 es la electrificación de la demanda, con medidas orientadas tanto al ámbito industrial como residencial. Se revisará la planificación de la red de transporte cada tres años (con ajustes puntuales cada dos), y se modifica la vigente planificación 2021-2026 para incluir elementos que refuercen la estabilidad del sistema, como compensadores síncronos y reactancias.

En materia de autoconsumo, el Real Decreto-ley 7/2025 amplía hasta 5 km la distancia entre generación y consumo para instalaciones fotovoltaicas de menos de 5 MW, reconoce la figura del gestor de autoconsumo y flexibiliza las tipologías para dar cabida a nuevas configuraciones urbanas e industriales.

Sobre ello, tanto APPA Renovables como la Asociación Empresarial Eólica (AEE) han lamentado que estas medidas se limiten en exclusiva a la fotovoltaica, dejando fuera tecnologías como la minieólica, la minihidráulica o la biomasa, que podrían jugar un papel relevante en autoconsumo colectivo.

En paralelo, se habilitan deducciones fiscales para fomentar la electrificación de la climatización en comunidades de vecinos, y se facilita el desarrollo de nuevos puntos de recarga para vehículos eléctricos, que quedan exentos de autorización si no requieren evaluación ambiental.

El Real Decreto-ley 7/2025 introduce una tramitación más ágil y simplificada para la repotenciación de instalaciones renovables en funcionamiento, especialmente si el aumento de potencia no supera el 25%. Estas repotenciaciones podrán beneficiarse de evaluaciones ambientales específicas, centradas solo en los cambios introducidos, y en muchos casos evitarán trámites urbanísticos adicionales.

Además, se clarifica la definición de “potencia instalada” en instalaciones híbridas y fotovoltaicas, lo que aporta seguridad jurídica tanto a promotores como a las administraciones. También se establecen mecanismos de extensión automática de plazos en caso de medidas cautelares, un reclamo clave del sector para evitar bloqueos innecesarios en los proyectos.

Almacenamiento y agregación: herramientas clave

Uno de los aspectos más celebrados del Real Decreto-ley 7/2025 es la nueva consideración de las instalaciones de almacenamiento como infraestructuras de utilidad pública, lo que agiliza su tramitación y otorga prioridad en la evacuación. Esta medida beneficia especialmente a las tecnologías más expuestas a la volatilidad de precios, como la fotovoltaica. La hibridación con almacenamiento y el aumento de la demanda permitirán mitigar estos efectos y mejorar la estabilidad del sistema.

En esta línea, se reclama la aprobación del Programa Nacional de Almacenamiento Hidráulico de Energía, incluido en el PNIEC, como una vía para modernizar el patrimonio hidráulico español y aportar firmeza y capacidad de recuperación al sistema eléctrico.

Por otro lado, se regula por primera vez la figura del agregador independiente, que podrá combinar múltiples consumos y producciones para participar en los mercados eléctricos. Esta figura será esencial para desarrollar una demanda flexible y distribuida, permitiendo a los consumidores activos obtener ahorros o ingresos mediante la gestión de su demanda.

Otro cambio relevante es la modificación del llamado quinto hito de los proyectos renovables, que amplía el margen para la puesta en marcha de nuevas plantas. Esta medida se justifica por la evolución reciente de la demanda eléctrica, que se había mantenido contenida hasta el verano de 2025. Con esta ampliación, los proyectos podrán acompasarse mejor al calendario de electrificación y a la entrada progresiva del almacenamiento.

Valoración del sector y de la Xunta de Galicia

Tanto APPA Renovables como AEE han valorado positivamente el nuevo marco normativo ya que muchas de sus principales reivindicaciones —electrificación, hibridación, almacenamiento, coordinación de redes y seguridad jurídica— han sido atendidas.

No obstante, ambas asociaciones insisten en la necesidad de completar el desarrollo normativo pendiente, especialmente en materia de incentivos y plan específico para la repotenciación, inclusión del autoconsumo renovable en todas las tecnologías, planificación geográfica del almacenamiento y diseño técnico y económico de los servicios Grid Forming.

La Xunta de Galicia, tras una reunión celebrada el 30 de junio de la  conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez, con la Asociación Eólica Gallega, ha comunicado su profunda decepción ante el Real Decreto. Su queja principal es que la norma llegó “tarde y mal” justo cuando expiraban los plazos de varios proyectos eólicos, pese a las reiteradas peticiones gallegas para su anticipación.

La conselleira destaca que, si bien la medida estatal copia la suspensión de plazos ya regulada por la Xunta (y espera que no se recurra), el Gobierno central ha desaprovechado la ocasión para abordar otros aspectos esenciales: clarificar que la zonificación ambiental sea orientativa, simplificar trámites administrativos e incorporar mandatos de la directiva europea. Según la Xunta, todo ello era clave para garantizar la seguridad jurídica, impulsar la descarbonización y proteger el interés público de las renovables