El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha anulado las autorizaciones administrativas previa y de construcción del parque eólico A Ruña III, una decisión que, aunque puede recurrirse ante el Tribunal Supremo, genera una profunda preocupación en el sector eólico por el riesgo que supone para la seguridad jurídica de los proyectos en Galicia.

La sentencia introduce un nuevo argumento: la obligatoriedad de tramitar conjuntamente el parque eólico y su línea de evacuación, pese a que en el momento de la tramitación la normativa gallega permitía hacerlo por separado. Esta interpretación contrasta con pronunciamientos previos del Tribunal Supremo y del TJUE, que avalaron procedimientos similares.

El fallo obliga a retramitar un proyecto que ya contaba con autorización ambiental positiva y cuya evaluación incluía los efectos sinérgicos con la línea de evacuación y otros parques cercanos. Además, la cuestión relativa a la proximidad a zonas de Red Natura, situada a más de 4,5 km, ya había sido analizada por la autoridad ambiental competente, que descartó riesgos no mitigables.

Para el sector, esta sentencia representa un nuevo golpe a la estabilidad regulatoria, en una comunidad donde la inversión eólica sufre desde hace años una intensa judicialización que frena la transición energética y desincentiva el desarrollo industrial.

Segun datos de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), las consecuencias económicas y sociales son significativas: cada año de retraso en la instalación de parques eólicos en Galicia implica la pérdida de 2.750 empleos y más de 6.300 millones de euros de inversión, además de limitar la llegada de industrias electrointensivas que podrían generar empleo de calidad en el territorio.

El sector eólico reclama un marco regulatorio estable, coherente y alineado con los objetivos nacionales y europeos de descarbonización. La energía eólica, primera tecnología del mix eléctrico español, sigue siendo clave para la competitividad, la sostenibilidad y el desarrollo de las zonas rurales gallegas.