El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha resuelto este 1 de agosto una de las controversias jurídicas más relevantes para el desarrollo de las energías renovables en España: avala la legalidad de los procedimientos de evaluación ambiental aplicados por la Xunta de Galicia en la tramitación de parques eólicos. La decisión, largamente esperada, supone un giro decisivo en el contexto de bloqueo que afecta a casi un centenar de proyectos, con una potencia acumulada de 2.497 MW y una inversión estimada superior a los 3.000 millones de euros.

La sentencia responde a la cuestión prejudicial planteada en 2023 por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que venía cuestionando la validez del modelo de información y consulta pública simultánea seguido por la administración gallega desde la entrada en vigor de la Ley estatal 21/2013 de evaluación ambiental. El fallo del TJUE ratifica que este procedimiento es plenamente compatible con el derecho comunitario, desmontando el principal argumento jurídico que había motivado la suspensión de 86 parques y la parálisis de otros seis.

La secretaria general técnica de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, Carmen Bouso, celebró la resolución como un aval a la legalidad de la actuación de la Xunta. “El fallo despeja cualquier duda sobre las autorizaciones otorgadas en los últimos años. El TSXG ya no tiene ningún obstáculo para reactivar los pleitos que mantenía paralizados”, señaló tras la lectura pública en Luxemburgo.

La Xunta remarcó que el desarrollo eólico es clave para cumplir con el Plan Regional Integrado de Energía y Clima (PRIEC), que prevé alcanzar la neutralidad climática en 2040. Según sus cálculos, la entrada en operación de los proyectos bloqueados permitiría reducir un 75% las emisiones de gases de efecto invernadero respecto a los niveles de 1990.

AEE: punto de inflexión tras tres años de bloqueo

La Asociación Empresarial Eólica (AEE) también se pronunció tras el fallo, calificándolo de “paso clave para recuperar la seguridad jurídica y avanzar hacia la transición energética en Galicia”. Su director general, Juan Virgilio Márquez, destacó que la resolución “devuelve la confianza a los promotores, refuerza la credibilidad del marco legal y permite retomar con urgencia la senda del desarrollo”.

AEE lamenta el coste económico y social que ha supuesto la paralización de los proyectos, muchos con inversiones industriales ya comprometidas, y apela al TSXG para que actúe con la mayor agilidad posible. “No hablamos solo de energía competitiva, hablamos de empleo cualificado, industria de valor añadido, cohesión territorial y cumplimiento de compromisos climáticos”, señaló Márquez.

La patronal eólica recuerda que Galicia ha instalado solo 171 MW entre 2020 y 2024, frente a los 6.000 MW en el conjunto del Estado. “Nunca antes un sector industrial estratégico había sido bloqueado con esta magnitud y duración en España”, advierte AEE, que urge a priorizar el interés público superior que la legislación europea atribuye a las renovables frente a interpretaciones judiciales restrictivas.

Cluergal: reactivar la cadena de valor y acelerar la transición

Desde el Clúster de Energías Renovables de Galicia (Cluergal), su presidente José Ramón Franco valoró el fallo como una oportunidad para recuperar la certidumbre y relanzar el desarrollo eólico con orden, sostenibilidad y consenso. Cluergal subraya que Galicia cuenta con una de las cadenas de valor industrial eólica más potentes de Europa, que abarca ingeniería, fabricación, logística y mantenimiento. “La paralización sufrida ha debilitado nuestra industria en un momento crítico para la transición energética. Necesitamos políticas más ambiciosas para reactivarla”, destacó.

El clúster también reclama avances en dos frentes clave: la repotenciación para sustituir aerogeneradores antiguos por modelos más eficientes y de menor impacto y el impulso a la eólica marina, donde Galicia ya lidera tecnológicamente a nivel europeo. Tres de los cinco parques eólicos flotantes operativos en Europa incluyen tecnología gallega, y más de 3.000 personas trabajan ya en el sector offshore en la comunidad. Desde Cluergal se señala que es urgente convocar la primera subasta con una regulación clara que valore el componente local.

Galicia puede retomar el liderazgo perdido

Galicia alberga actualmente 186 parques eólicos operativos con una potencia total de 3.920 MW, lo que representa el 12,9% del total nacional. Sin embargo, el parón judicial de los últimos tres años ha puesto en riesgo su posición como referente en renovables. Con la resolución del TJUE, el Gobierno gallego, el tejido empresarial y la industria confían en reactivar la hoja de ruta energética, recuperar la inversión paralizada y reforzar la contribución de Galicia a los objetivos climáticos de España y Europa.

Fotografía: parque eólico de Naturgy en Galicia.