Este 21 de septiembre se ha celebrado en Santiago la jornada Régimen jurídico de la energía eólica en la Comunidad Autónoma de Galicia: perspectiva jurisdiccional y administrativa, organizada por la Escola Galega de Administración Pública (EGAP) y la Asociación Eólica de Galicia (EGA). El evento ha tenido el objetivo de proporcionar una visión global del régimen jurídico del sector eólico en Galicia.

La jornada fue inaugurada por la vicepresidenta segunda y conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, el presidente de EGA, Manuel Pazo, y la directora de la EGAP, Sonia Rodríguez-Campos.

En su discurso, la conselleira reiteró la apuesta de la Xunta de Galicia por un desarrollo eólico ordenado y compatible con el medio ambiente a través de una evaluación ambiental garantista, transparente y rigurosa que impida que salgan adelante iniciativas que puedan producir daños significativos al entorno. Recordó que en un 77,5% del territorio gallego no pueden instalarse proyectos eólicos por motivos medioambientales.

También agradeció el esfuerzo realizado por parte del personal de la Xunta de Galicia para tramitar un alto volumen de proyectos en el poco tiempo del que se dispuso. De las casi 120 declaraciones de impacto ambiental tramitadas, un tercio fueron negativas y muchas de las positivas incluyeron numerosos condicionantes de tipo ambiental de obligado cumplimiento.

Por su parte, el presidente de EGA, Manel Pazo, señaló, que la energía constituye la base de la civilización y la vida tal como la conocemos.

En la jornada se abordaron asuntos referidos a jurisprudencia y legislación, medidas cautelares y procedimientos de tramitación de los parques eólicos en Galicia.

Juan José González Rivas, presidente emérito del Tribunal Constitucional, dictó la ponencia inaugural, titulada “El control jurisdiccional de la actuación medioambiental”. El magistrado calificó de “complejo” el derecho medioambiental, que afecta a muchos sectores del ordenamiento jurídico, especialmente el derecho administrativo, pero no es ajeno al derecho civil o penal, o incluso derecho laboral.

Por su parte, la secretaria xeral técnica de la Vicepresidencia Segunda y consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Carmen Bouso, también intervino con una ponencia en la que defendió el “rigor, seriedad y garantías” de las tramitaciones ambientales de los parques eólicos” y mostró su convencimiento de que los proyectos paralizados se pueden ejecutar porque están bien tramitados. Por ello se ha recurrido la suspensión judicial de las autorizaciones de los parques eólicos en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y en el Tribunal Supremo.