La Asociación Eólica de Galicia (EGA) ha hecho pública su postura ante la reciente suspensión cautelar de parques eólicos en Galicia. Esta medida podría llegar a afectar a los 75 proyectos eólicos que cuentan con su correspondiente declaración de impacto ambiental (DIA) favorable y su correspondiente autorización administrativa de construcción.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) se ha pronunciado en los últimos meses sobre los parques eólicos en tramitación en Galicia y respecto de aquellos que son su competencia. De esta manera ha suspendido, de forma cautelar, la ejecutividad de la resolución de la Xunta de Galicia en la que concedió las autorizaciones administrativas previa y de construcción, y se declaró de utilidad pública, diferentes parques eólicos.

“El proceso de análisis ambiental es muy garantista, debe superar rigurosas evaluaciones de una quincena de organismos” sostienen desde EGA. “Los parques eólicos necesitan el aval derivado de aplicar la normativa autonómica, estatal y comunitaria con los preceptivos informes. Dependiendo de la complejidad del proyecto, la tramitación transcurre entre cuatro y diez años, donde se invierten muchos recursos privados y públicos”. Desde EGA advierten sobre los efectos de este frenazo eólico, al que se le han sumado en los últimos días otros entes como la Asociación Eólica de España (AEE), la Confederación de Empresarios (CEG) o los sindicatos UGT y CCOO.

En un comunicado con fecha del 26 de julio, EGA advierte sobre la afectación al sector industrial gallego, que pone en compromiso la viabilidad de los proyectos actuales y futuros de energía renovable. Según la patronal eólica, este escenario genera pérdida de confianza entre los inversores; lo que dificulta la atracción de capital para futuros proyectos eólicos, y renovables en general, en Galicia, dado el efecto contagio que puede generarse por la pérdida de validez de las autorizaciones emitidas por la Administración.

Esto supondrá “perder la oportunidad de impulsar la generación de energía renovable y avanzar hacia la seguridad del suministro energético y la transición energética que Europa prioriza” a través de “fondos comunitarios y nacionales”. La actividad industrial y económica se verá afectada, dado que “muchos de estos proyectos tienen aparejados contratos de suministro de electricidad a largo plazo y a precios competitivos” con la industria gallega. Desde EGA reivindican una defensa de la industria gallega en general, que se verá seriamente perjudicada.

Galicia posee alrededor de 3.800 MW eólicos instalados y es la cuarta comunidad autónoma por potencia. Pese a ello sigue importando casi un 75 % de energía primaria procedente de combustibles fósiles contaminantes, y actualmente en un proceso de electrificación. En los últimos veintisiete años, Galicia ha realizado “un desarrollo eólico ejemplar, ordenado y sostenible”, señalan desde EGA. El sector aporta el 1% al PIB gallego y mantiene más de 5.500 empleos. Según EGA se ponen en peligro “otros 2.500 nuevos empleos de calidad a corto plazo, y miles de puestos en otras actividades industriales derivadas de la construcción de estos nuevos parques”.