La aprobación el pasado 24 de septiembre de 2024 del Real Decreto 962/2024, por el que se regula la producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables en instalaciones ubicadas en el mar, constituye un paso decisivo en la configuración del marco jurídico aplicable en el territorio español para obtener las autorizaciones que permitan la ejecución y el funcionamiento de esta clase de instalaciones: “eólica marina” y “renovable marina”, según las definiciones que recoge la citada norma.

Esta nueva regulación pivota sobre la ordenación del espacio marítimo previamente definido en el Real Decreto 150/2023, de 28 de febrero, por el que se aprobaron los planes de ordenación del espacio marítimo de las cinco demarcaciones marinas españolas, entre las que se incluye la demarcación marina noratlántica. En palabras de la Exposición de Motivos del Real Decreto 962/2024, los planes de ordenación se configuran “como herramienta para garantizar la sostenibilidad de las actividades humanas en el mar y, al mismo tiempo, facilitar el desarrollo de los sectores marítimos”; y añade que los planes de ordenación “identifican zonas de alto potencial para el desarrollo de la energía eólica marina donde el despliegue resulta más idóneo a nivel técnico y se cumplen ciertos criterios de protección ambiental y de compatibilidad con otros usos del mar”.

La conformidad a Derecho del Real Decreto 150/2023 y, por ende, la continuidad del desarrollo normativo que resulta de su aplicación, fue objeto de estudio en la sentencia de 11 de julio de 2024, dictada por la sección quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo -recurso núm. 556/2023- que, después de realizar un análisis detallado del contexto normativo nacional y europeo en el que se ancla la norma, y razonar, entre otros aspectos, sobre la ordenación de la actividad pesquera y de la actividad de energía eólica marina en los planes aprobados, desestimó el recurso interpuesto por la Plataforma en Defensa de la Pesca y de los Ecosistemas Marinos frente a dicho Real Decreto 150/2023 y su regulación. Por tanto, en este momento, el Real Decreto 150/2023 y sus planes de ordenación están plenamente en vigor.

El Real Decreto 962/2024 viene así a establecer una nueva normativa que, teniendo en cuenta los avances tecnológicos en el sector eólico marino y el impulso al desarrollo de la energía renovable marina en el ámbito estatal y comunitario -por ejemplo, mediante la fijación de objetivos de potencia de instalación-, sustituye la norma desactualizada en vigor desde el año 2007 -Real Decreto 1028/2007, de 20 de julio- que hasta la fecha regulaba, sin virtualidad práctica, el procedimiento para la tramitación de las solicitudes de autorización.

El eje fundamental del nuevo marco normativo es la regulación de un procedimiento de concurrencia competitiva al que deben someterse las instalaciones renovables marinas para iniciar la tramitación de la autorización prevista en el artículo 53 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. De este modo, para el inicio de la tramitación de la autorización administrativa, las instalaciones renovables marinas deberán estar vinculadas a ofertas seleccionadas en un procedimiento de concurrencia competitiva que se regula en el propio Real Decreto 962/2024, con la excepción de las instalaciones innovadoras y las instalaciones ubicadas en puertos de interés general del Estado.

Son tres las fases en las que se desarrolla el procedimiento de concurrencia competitiva: (i) una primera fase de aprobación de las bases del procedimiento mediante orden del Ministro para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, (ii) una segunda fase posterior a la aprobación de la orden, en la que se promoverá el diálogo público con participación de los actores afectados por las instalaciones; (iii) y, en tercer lugar, la fase de convocatoria del procedimiento por orden que adopta el Ministro para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

En la medida en que la convocatoria del procedimiento de concurrencia competitiva se realiza por orden ministerial, será el Ministro el encargado de decidir el momento en que los interesados podrán plantear sus ofertas y proyectos de instalaciones renovables marinas.

La orden ministerial por la que se aprueben las bases del procedimiento de concurrencia competitiva incluirá, entre otros aspectos, el cupo de potencia a adjudicar, el área de ubicación de los parques generadores, la tecnología, características y requisitos que deberán cumplir las instalaciones y la cuantía de las garantías a presentar.

Un aspecto relevante que se establecerá en las bases son los requisitos exigibles a los sujetos interesados en participar en el procedimiento y a las instalaciones vinculadas a las ofertas que se presenten. 

Para participar en el procedimiento, los sujetos interesados deberán cumplir y justificar los requisitos relacionados con la forma jurídica, experiencia, solvencia técnica y económica que se fijen en las correspondientes bases, y acreditar que las instalaciones previstas cumplan los requisitos objetivos que en cada caso se establezcan. Por ello, resulta de especial interés el análisis previo adecuado, con antelación suficiente a la fecha de presentación de las ofertas, de los requisitos exigibles en cada caso y la forma de su acreditación.

También se incluirán en las bases del procedimiento los criterios de ponderación que se aplicarán para adjudicar las ofertas, y que podrán incluir criterios no económicos hasta un máximo del 30% de la ponderación, siempre que se garantice su adecuación a los objetivos perseguidos. Entre los criterios no económicos, cabe citar, según resulta de la norma, los relacionados con el diseño de la instalación (ratio de ocupación del espacio, distancia a la costa, número de aerogeneradores, contribución a la innovación); con el impacto medioambiental; con el impacto socioeconómico de la instalación durante las fases de construcción, explotación y desmantelamiento, en relación con el potencial desarrollo industrial y económico derivado de la instalación, la potencial afección a otros sectores como el pesquero, el impacto en el empleo local y sobre la cadena de valor industrial local, regional, nacional y comunitaria, la contribución a la resiliencia, la compatibilidad con otros usos y actividades del medio marino; los relacionados con la capacidad de contribuir a la calidad y la seguridad de suministro eléctrico, etc.

La tramitación del procedimiento de concurrencia competitiva incorpora, como actuación novedosa, la apertura de una fase de diálogo público posterior a la aprobación de las bases, en la que podrán participar con propuestas todos los interesados afectados por las instalaciones renovables marinas en materias diversas, con la finalidad de facilitar la compatibilidad entre las distintas actividades que se desarrollan en el mar. Entre las materias susceptibles de dialogo, se incluyen, por ejemplo, las referidas a las áreas donde se ubicarán las instalaciones; su diseño, construcción y explotación de forma que pueden incrementar su compatibilidad con otros usos del mar, entre los que se incluye el sector pesquero, la actividad portuaria, la seguridad marítima, la seguridad de las operaciones aéreas o los intereses de la defensa nacional.

Las propuestas recibidas en la fase de diálogo público se podrán incorporar a la orden de convocatoria del procedimiento que establecerá en su contenido el calendario de tramitación, la información y documentos a incluir en la solicitud de participación, el precio de reserva y, en caso de que se defina, el precio de riesgo. La retribución concreta de cada instalación perceptora del régimen económico se obtendrá a partir de su precio de adjudicación, de los parámetros retributivos de la tecnología a la que corresponda, de las características propias de cada instalación y de su participación en el mercado eléctrico, conforme lo dispuesto en el Real Decreto 962/2024 y 960/2020, de 3 de noviembre.

Finalmente, el resultado del procedimiento de concurrencia competitiva otorgará a los titulares, de forma simultánea en la adjudicación, el régimen económico de energías renovables, la reserva de la capacidad de acceso a la red de transporte y la prioridad en el otorgamiento de la concesión de ocupación del dominio público marítimo-terrestre.

De este modo, la adjudicación de procedimiento de concurrencia competitiva permitirá a los titulares de las instalaciones vinculadas a las ofertas seleccionadas iniciar la tramitación de todas las autorizaciones administrativas que resulten exigibles, mediante el expediente que corresponda en cada caso, a efectos sectoriales y ambientales.

En particular, será necesario obtener la autorización administrativa específica para las instalaciones de producción de energía eléctrica -Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica- y, atendiendo a la ubicación de la instalación, la concesión de dominio público marítimo-terrestre, de conformidad con la regulación aplicable en materia de Costas -en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia, cobra especial relevancia el régimen jurídico establecido en la Ley 4/2023, de 6 de julio, de ordenación y gestión integrada del litoral de Galicia-.

Un aspecto adicional destacado de la nueva normativa que incorpora el Real Decreto 962/2024, es el referido a las instalaciones renovables marinas ubicadas en puertos de interés general del Estado que, como se indicó anteriormente, podrán iniciar la tramitación de las autorizaciones administrativas sin necesidad de estar vinculadas a ofertas seleccionadas en el procedimiento de concurrencia competitiva.

La relevancia de los puertos de interés general en el desarrollo de las instalaciones renovables marinas se constata en las medidas previstas en la “Hoja de Ruta para el despliegue de la eólica marina y las energías del mar en España”, aprobada en diciembre de 2021, que incluye entre sus acciones específicas, las que están dirigidas a “reforzar las capacidades logísticas y de infraestructura portuaria del país de cara a la fabricación y montaje de parques eólicos marinos y dispositivos de energías del mar”.

En este sentido, hasta el pasado 27 de septiembre de 2024 permaneció abierto el plazo para presentar alegaciones a la “Consulta pública previa sobre las bases reguladoras para la concesión de ayudas a inversiones para la adaptación física de la infraestructura portuaria nacional, con áreas de construcción, montaje y capacidades adecuadas en puertos estratégicos para el despliegue de la eólica marina y otras energías del mar en España”, que, según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, será una norma que tendrá entre sus objetivos fundamentales:

• fomentar, en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y alineados con Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030, el desarrollo de proyectos en el ámbito industrial en puertos, para permitir el despliegue de las energías renovables marinas; e
• impulsar la adaptación de las infraestructuras portuarias para el montaje, fabricación y mantenimiento de proyectos de instalaciones de energías renovables marinas, esenciales para la transición a una economía de cero emisiones netas, contribuyendo a la descarbonización nacional, así como transformando el sistema productivo hacia patrones basados en la eficiencia energética, la digitalización y la innovación.

En un contexto geopolítico en el que la aspiración comunitaria es reducir la dependencia de terceros países para el suministro de energía, se concreta con esta nueva regulación un marco jurídico que habrá de permitir la tramitación de procedimientos con garantías, siendo el análisis de los aspectos jurídicos asociados a la implantación de los proyectos de instalaciones renovables marinas una actuación imprescindible y esencial.

Autor: Pablo Egerique Mosquera. Counsel de Administrativo en Garrigues.

Artículo publicado en el “Outlook 2024. Eólica en Galicia” de Cluergal y, con el permiso de su autora, en la versión digital de Dínamo Técnica.