El Gobierno ha aprobado, este mes de enero, un Real Decreto que regula el sistema de Certificados de Ahorro Energético (CAE). Esta nueva herramienta permitirá alcanzar los objetivos de ahorro de energía comprometidos con la UE de un modo flexible y más eficaz. Creará un nuevo mercado que facilitará a las comercializadoras de energía el cumplimiento de sus obligaciones de ahorro, beneficiará a los consumidores e impulsará el empleo, la productividad y la competitividad empresarial. Es una de las medidas previstas en el Plan Más Seguridad Energética (Plan +SE).

La Directiva 2012/27/UE, relativa a la eficiencia energética, insta a los Estados Miembros a la creación de un mecanismo que permita asignar a las empresas comercializadoras de gas y electricidad, a los operadores de productos petrolíferos al por mayor y a los operadores de gases licuados de petróleo al por menor, una cuota anual de ahorro energético en el ámbito nacional, según sus ventas. En el caso español sólo se ha podido realizar hasta ahora en aportaciones financieras equivalentes al Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE).

Sistema de Certificados de Ahorro Energético (CAE)

El nuevo Real Decreto establece el sistema de CAE, que permitirá a las empresas sujetas a cuota anual de ahorro energético sustituir un porcentaje de sus pagos al FNEE por un ahorro energético certificado, proveniente de las inversiones en eficiencia energética. Los CAE ya existen y son una fórmula exitosa en otros países, como Francia.

Las empresas podrán identificar medidas de ahorro según un catálogo de actuaciones relativas a climatización, mejora de la envolvente, iluminación, movilidad, procesos industriales, etc. Su ejecución permitirá obtener los CAE (un CAE equivale a 1 kWh ahorrado).

Una vez ejecutada la actuación de ahorro, la empresa presentará los resultados ante un verificador independiente, acreditado por ENAC, para que los valide. Después se registrarán en una plataforma electrónica operada por el MITECO y la Comunidad Autónoma correspondiente.

Los CAE registrados podrán liquidarse, contribuyendo a cumplir las obligaciones de ahorro de las empresas, o podrán comercializarse. De esta manera, las empresas pueden adquirirlos y proceder a su liquidación para cumplir con sus obligaciones. Podrán operar directamente o contratar los servicios de empresas acreditadas, denominadas sujetos delegados.

El sistema favorece la inversión en tecnologías eficientes, reduce la factura energética de los consumidores y les permite obtener una contraprestación por este ahorro (las comercializadoras compran dicho ahorro a los propietarios de la instalación, inmueble o proceso en que se ejecuta la actuación). El sistema libera de cargas burocráticas a los ciudadanos, pues las asumen las empresas especializadas.