En el último Consejo de Ministros del 2023, celebrado el 27 de diciembre, se han aprobado distintas medidas que facilitan el desarrollo de los proyectos renovables en tramitación y de apoyo a la industria eólica. El posicionamiento del sector eólico respecto a las medidas aprobadas en el RDL 8/2023 ha sido muy favorable, como demuestra la declaración emitida por la Asociación Empresarial Eólica (AEE).

La primera de las medidas ha sido recibida con satisfacción y alivio por parte del sector eólico. Los más de 8.000 MW eólicos que estaban pendientes de obtención de autorización administrativa de construcción (AAC) para finales de enero, ahora deberán tener suficiente tiempo para terminar este trámite y para ser construidos. El ritmo de resolución de estas autorizaciones administrativas de construcción para los proyectos eólicos estaba siendo más lento del necesario para cumplir con los hitos establecidos en la legislación. La prórroga concedida, de 6 meses adicionales para su obtención, es una ayuda importante para reducir el riesgo de que proyectos maduros pierdan el permiso de acceso por no llegar a tiempo.

También ha sido recibida con satisfacción la ampliación del hito final para la obtención de la autorización administrativa de explotación (AAE). Esta ampliación es necesaria para permitir procesos de financiación y construcción en mejores condiciones para la cadena de valor, sin presiones temporales que pudieran generar distorsiones en precios o mayores riesgos financieros.

Con esta ampliación, además, se evita que los proyectos que han venido siendo paralizados por decisiones judiciales, como es el caso de más de 207 MW eólicos paralizados en Galicia, corran el riesgo de perder su acceso a la red si no cumplen el hito final anteriormente vigente. Para estos proyectos el contador temporal para cumplir el hito no se había parado, pero sí su avance y construcción. Con esta medida se les da un mayor plazo para que se puedan reincorporar a la normalidad sin presiones adicionales a las ya vividas tras las paralizaciones cautelares sufridas y finalmente superadas. Se garantiza además las industrias que ya habían firmado contratos a largo plazo (PPAs) con estas instalaciones puedan seguir contando con ellas como suministradores de electricidad competitiva.

También se considera de manera positiva para los promotores de proyectos que hayan terminado su instalación en tiempo y forma, que no se les revoque el permiso de acceso a la red si las subestaciones de transporte o distribución donde se tienen que conectar no se hubiesen terminado a tiempo.

Asimismo, la ampliación hasta 9 años del plazo de validez de los permisos de acceso de la eólica marina se considera coherente dadas las expectativas de tramitación de estos proyectos, su complejidad y la especificidad del mercado eólico marino en España. Permitirá a los promotores comenzar a desarrollar con tiempo los proyectos y poder decidir qué subastas son más interesantes.

Para la industria eólica, disponer de más plazo para la puesta en marcha de los parques, reduce la presión en la cadena de suministro. Esto permitirá reducir la inflación de precios de materias primas y componentes y minimizar riesgos en plazos y costes, algo que estaban aprovechando los competidores asiáticos para desembarcar en el mercado europeo.

Es necesario configurar un escenario de permitting para maximizar los encargos a la industria europea a la vez que se apuesta por aquellos proyectos más maduros con visos de llevarse a cabo. En este sentido, la aprobación de la posibilidad de establecer hasta un máximo de un 30% de ponderación en las subastas de energía de criterios de adjudicación no económicos es una importante contribución para alcanzar los objetivos del recientemente publicado Paquete Europeo sobre Energía Eólica (Wind Power Action Plan).

El número de proyectos que cada año se van a tener que tramitar es enorme, lo que obliga a actuar con eficiencia de esfuerzos. Por ello, el sector eólico anima a dar un paso más e implementar mecanismos adicionales que garanticen que los esfuerzos en la tramitación por parte de las Administraciones públicas se destinan a aquellos proyectos maduros que tienen por objetivo final ser construidos y puestos en operación, impidiendo favorecer aquellas prácticas especulativas que no aportan valor añadido.

Finalmente se valora el mecanismo de ordenación de la entrada de proyectos contemplado en el RDL 8/2023, por el cual los promotores tienen que indicar en qué semestre van a conectar su instalación a la red para obtener una prolongación de hasta 3 años. A juicio de AAE, aunque podría haber contemplado condiciones adicionales para asegurar la madurez de los proyectos, es una herramienta útil para acoplar el ritmo de instalación de nuevas instalaciones renovables con el necesario aumento de la demanda eléctrica que pueda venir por nuevas instalaciones industriales de gran consumo eléctrico o el relanzamiento de existentes.