La Asociación Empresarial Eólica (AEE) ha manifestado su rechazo a la reciente propuesta de la Xunta de Galicia que pretende que los parques eólicos vendan el 50% de la electricidad generada a pequeñas y medianas empresas (pymes) gallegas a través de contratos a largo plazo o PPAs (Power Purchase Agreements).

Según la principal entidad española del sector, esta medida contraviene tanto la legislación de la Unión Europea como la normativa de competencia española, así como la Ley del Sector Eléctrico.

La medida, anunciada por la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, este 5 de noviembre en el Pleno del Parlamento, y que busca que la energía generada en Galicia beneficie directamente a las empresas locales, ha sido calificada como un “ataque a los derechos fundamentales” de libre mercado y competencia.

Desde AEE sostienen que esta intervención genera inestabilidad regulatoria e inseguridad jurídica, y piden que se respete la legislación nacional y europea. Esta obligación a los promotores de priorizar la venta de su energía a empresas locales, afirman, no solo contraviene el principio de libertad de empresa y la libertad de establecimiento del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE), sino que podría derivar en sanciones internacionales.

Estas sanciones y arbitrajes internacionales se podrían activar debido a que numerosos parques eólicos ya tienen compromisos de suministro de energía con otras entidades, algunos vigentes hasta más allá de 2030. De implementarse la normativa, se verían forzados a romper estos contratos, lo que podría judicializar el sector y encarecer la electricidad para otros consumidores.

El sector sostiene que el mecanismo más eficiente y equitativo para fijar precios es el mercado libre, sin restricciones a determinados consumidores o colectivos. La imposición de la Xunta, advierten, no solo afectaría a los precios de la electricidad, sino que además podría paralizar nuevas inversiones, poniendo en riesgo el desarrollo económico de Galicia.