El Congreso de los Diputados ha derogado este 22 de julio el Real Decreto-ley 7/2025, que contenía medidas urgentes para reforzar la resiliencia del sistema eléctrico español. La norma, que obtuvo 165 votos a favor frente a 183 en contra, incluía reformas estructuradas en torno a tres ejes: la mejora del control y supervisión del sistema, el impulso al almacenamiento y la flexibilidad, y la electrificación de la economía a través de renovables, movilidad eléctrica y repotenciación de redes.

Esta decisión ha generado una fuerte reacción por parte del sector energético. La Asociación Empresarial Eólica (AEE) ha manifestado su “profunda preocupación” ante el rechazo de una norma de carácter técnico y estratégico, que consideraba clave para avanzar en la transición energética y garantizar la seguridad operativa del sistema. En un comunicado publicado tras la votación realizada en el Congreso, la AEE lamenta que se haya antepuesto la lógica partidista a las necesidades del país y reclama que se recupere el debate en forma de proyecto o proposición de ley cuanto antes.

Por su parte, la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA Renovables) ha advertido de un posible colapso regulatorio al mantenerse hitos administrativos que dificultan la integración de nueva capacidad renovable. Según APPA, la falta de adecuación normativa amenaza con paralizar proyectos, aumentar las horas con precios cero o negativos y frenar el desarrollo del autoconsumo colectivo y el almacenamiento, elementos clave para lograr un sistema energético más participativo, eficiente y sostenible.

Ambas asociaciones coinciden en señalar que la no convalidación del decreto representa una oportunidad perdida para fortalecer el sistema eléctrico tras la crisis del 28 de abril. El rechazo parlamentario frena avances urgentes en electrificación, almacenamiento y redes, y envía una señal negativa a inversores nacionales e internacionales en un momento en el que España necesita consolidar su liderazgo renovable en Europa y garantizar la seguridad del suministro a largo plazo.

Desde el sector se insiste en que esta decisión incrementa la incertidumbre regulatoria y se reclama unidad política y responsabilidad institucional para retomar de inmediato el desarrollo de un marco normativo estable, ambicioso y alineado con los objetivos climáticos y energéticos del país. El sector eólico aporta el 23% de la electricidad del país, y el conjunto de las renovables, alcanzaron en 2024 un 57% del mix eléctrico.