Ferrol acoge una nueva jornada sobre el papel de los puertos en la transición energética
La Autoridad Portuaria de Ferrol–San Cibrao (APFSC) celebró el pasado 15 de octubre en la Sala Curuxeiras del puerto de Ferrol la Jornada de presentación del informe sobre el marco normativo para la implantación de energías renovables y el despliegue de zonas experimentales en los puertos del Arco Atlántico, elaborada en el marco del proyecto europeo ENEPORTS, cofinanciado por el programa INTERREG Atlantic Area. El encuentro reunió a representantes del ámbito académico, jurídico y empresarial con el objetivo de analizar las oportunidades y barreras que afrontan los puertos en su transición hacia modelos más sostenibles, descarbonizados y digitalizados.
Tras la bienvenida de Jesús Casás, director de la APFSC, la jornada comenzó con la presentación del proyecto a cargo de Santiago Rodríguez Charlón, director de Energía del Instituto Tecnológico de Galicia (ITG), entidad líder del consorcio. A continuación, los profesores Íñigo del Guayo Castiella y Lorenzo Mellado Ruiz, de la Universidad de Almería, presentaron el informe jurídico coordinado por la UAL, que analiza comparativamente el marco regulatorio en los cuatro países socios —España, Portugal, Francia e Irlanda— y propone líneas de mejora para impulsar la implantación de energías renovables en zonas portuarias.
El debate central de la jornada se desarrolló en la mesa redonda “Los puertos como lugares para el desarrollo de proyectos piloto de energías renovables. ¿Cómo podría evolucionar la normativa?”, moderada por Alejandro Rey, de la APFSC. En ella participaron Íñigo del Guayo Castiella y Lorenzo Mellado Ruiz (Universidad de Almería), Francisco Javier Sanz Larruga (Universidade da Coruña) y Oriol Sarmiento (gerente de CLUERGAL).
El debate abordó cuestiones clave como el papel de los puertos como living labs de innovación energética, los cuellos de botella normativos que frenan la implantación de proyectos piloto, la coordinación institucional entre autoridades portuarias y administraciones, y la necesidad de zonas experimentales con seguridad jurídica para probar tecnologías emergentes.
