En la Unión Europea, del 40% de generación de electricidad sin emisiones, el 50% corresponde a la energía nuclear. Este porcentaje se eleva al 60% en el caso de España. Por su parte, el gas, si bien emite CO2 (0,33 t/MWh), es en la actualidad energía de respaldo necesaria en tanto el almacenamiento de energía no sea más competitivo. Los ciclos combinados han sustituido a las centrales de carbón que emiten aproximadamente el triple de emisiones. No en todos los países: Alemania produjo en 2021, aproximadamente el 30% de su electricidad con centrales de carbón. Este porcentaje probablemente aumentará en 2022 como consecuencia del cierre de sus últimas tres centrales nucleares.

Además existe un importante problema de dependencia del gas ruso y argelino (este último en el caso de España y Portugal) que condiciona  la política energética de la Unión Europea.

La capacidad de aportar gran cantidad de energía para las necesidades crecientes de la industria europea y sus bajas emisiones de CO2, en el gas, y nulas en la energía nuclear, capacitan a estas dos fuentes como energías verdes de transición. Esta resolución, adoptada por la Comisión Europea, a través de un Acto Delegado Climático Complementario de Taxonomía sobre mitigación y adaptación al cambio climático, capacitan al gas y a la nuclear como energías verdes de transición. Una decisión controvertida, que implica la inclusión de este tipo de energías en el reparto de fondos.

La Unión Europea estima movilizar 2,6 billones de euros hasta 2030, de los que una parte importante provendrán de bancos e inversores privados. La clasificación de estas tecnologías como verdes le abre el acceso a los fondos de la UE y la clasifica como preferente para los inversores privados. La cifra citada es ingente pero aún mayor es la necesidad de inversión para alcanzar las metas a 2030 y 2050 establecidas en el Programa “Fit for 55” de la UE. 

El Gobierno de España ha hecho pública su oposición a la inclusión de estas tecnologías. Por su parte. los Ingenieros Industriales de Madrid a través de una nota emitida por la Comisión de Energía del COIIM y la AIIM, las organizaciones que los representan, han hecho público, este mes de abril, su apoyo a la medida de la Unión Europea.

En el caso de España resulta improbable que empresas privadas emprendan, a corto o medio plazo, inversiones en nuevas centrales nucleares sean del tipo actual o avanzadas, por ejemplo reactores modulares pequeños. Lo mismo sucede con nuevas inversiones en ciclos combinados. Es un caso es muy distinto al de otros países de la Unión Europea que sí consideran realizar inversiones relevantes en las citadas tecnologías.