Hoy el Cambio Climático es el principal problema ambiental en el mundo. Si descontamos los conflictos bélicos, también es la principal dificultad que tiene la economía para crecer, por lo que la respuesta global debería ser una lucha común para contenerlo. En la práctica esta es asimétrica, la Unión Europea han realizado una apuesta clara para limitar las emisiones de Gases de Efecto Invernadero pero otras zonas no realizan una apuesta tan clara y dependen del ciclo electoral, como es el caso de Estados Unidos y Australia y finalmente existe un tercer grupo entre los que se encuentran India, China o la Federación Rusa, que directamente no hacen ningún esfuerzo- Algunos de esos países se encuentran cómodos con este Calentamiento Global (como es el caso de la Federación Rusa) y otros consideran que es un problema menor y no les afecta directamente, como en el caso de los asiáticos.

Las consecuencias del Cambio Climático son conocidas por todos. Además del incremento de la temperatura ambiente del planeta, en más de 1ºC desde tiempos preindustriales, el mar también experimenta temperaturas récord cada año. Los fenómenos meteorológicos, como sequías, inundaciones o huracanes, son cada vez más extremos, además de incrementarse la desertización de las zonas más secas. Los efectos sobre los animales y plantas son cada vez más claros (cambios en los ciclos de maduración, desaparición de especies…) y los cambios sociales como los fenómenos migratorios  desde las zonas en desertización están provocando tensiones que irán a más durante los próximos años.

La Unión Europea está liderando un esfuerzo a nivel mundial para reducir las emisiones de G.E.I., para lo que es imprescindible que los Estados Miembros aportes su granito de arena y traten de sustituir los combustibles fósiles (carbón, petrolíferos o gas natural) por las tecnologías renovables y de bajas emisiones, siendo necesario que cada zona explote las tecnologías idóneas para su terreno. Mientras que en Andalucía o Canarias tendrán éxito tecnologías como la solar fotovoltaica o solar térmica, en Galicia es obvio que la biomasa o eólica tiene un enorme recorrido. Nuestra comunidad autónoma es la que tiene más recurso eólico de toda España, y esto puede concretarse en un interesante impulso para la economía autonómica, y acercarnos al ansiado 20% del Producto Interior Bruto del sector industrial que garantiza la estabilidad en cualquier economía desarrollada.

Galicia tiene actualmente una potencia eólica implantada de unos 4.000 MW, siendo la cuarta comunidad autónoma en España (después de Aragón y las dos Castillas), produciendo del orden del 15% de la energía eléctrica generada con aerogeneradores, y constituyendo casi el 1% del Producto Interior Bruto autonómico. En un contexto estable, sin una ejecución significativa de nuevos parques eólicos, la Asociación Eólica de Galicia (E.G.A.) estima que hoy el viento emplea unos 5.500 puestos trabajadores (3.500 directos y otros 2.000 indirectos), vinculados básicamente al mantenimiento de los aerogeneradores existentes.

Las oportunidades económicas del sector eólico se dan en tres líneas básicas como la fabricación de componentes, la implantación y explotación de nuevos parques y en tercer lugar como beneficios económicos asociados en forma de impuestos.

La fabricación de componentes es quizás la más compleja; a principios del presente siglo en Galicia existía una industria de fabricación de componentes (góndolas, palas, torres…) muy potente a nivel europeo, que después de la paralización del sector durante la segunda década de este siglo se ha resentido de manera drástica. El cierre de las fábricas de Vestas (Viveiro) y de Siemens Gamesa (As Somozas) ha sido el último revés. Si se garantiza un crecimiento sostenido de la potencia eólica se podría revertir esta tendencia, e incluso promover la fabricación de componentes en la propia comunidad.

Los nuevos parques eólicos implican beneficios tanto en la fase de implantación, como en la explotación. Un parque eólico tiene un coste del orden de un millón de euros por cada nuevo MW, y además de los componentes salen beneficiados sectores como la ingeniería (proyectistas, dirección de obra, coordinación de seguridad y salud…), instaladores eléctricos en alta tensión u obra civil. EGA estima que cada MW implantado crea 3,7 puestos de trabajo en la fase de construcción, pero también otros 0,2 empleos permanentes una vez que ha entrado en funcionamiento. A mayores de estas ventajas económicas directas existen otras transversales como la mejora de las vías de comunicación, la fijación de la población en el rural y poner en valor terrenos de escaso valor económico mediante el alquiler, que hoy suponen del orden de unos 12 millones de euros anuales para los propietarios del terreno. Adicionalmente a estos beneficios transversales está el de los propios promotores; la titularidad de los mismos es muy extensa, desde grandes multinacionales a grupos empresariales de capital gallego.

La tercera ventaja económica son los ingresos públicos. Adicionalmente al beneficio económico para los promotores (de titularidad privada) aparece la existencia de impuestos a la producción eléctrica, los impuestos municipales (tasas urbanísticas, Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras, Impuesto de Bienes Inmuebles) o el Canon Eólico de titularidad autonómica, que suponen unos ingresos muy importantes para los ayuntamientos que disponen de aerogeneradores, que además suelen ser en entornos rurales con escasa población y pocos ingresos. En 2020 el sector eólico gallego pagaba en impuestos más de 100 millones de euros, de los que unos 60 millones serían en forma de tributos estatales (impuesto a la producción eléctrica, IVA, impuesto especial de electricidad…) y los 40 millones restantes a la administración autonómica y ayuntamientos, en un contexto de paralización del sector.

A mayores de estas tres líneas de beneficio directo de los eólicos existe una cuarta línea en la reducción de precios para las fábricas en Galicia, mediante los contratos P.P.A.s (Power Purchase Ageement). Hoy el precio de la electricidad es un punto crítico en cualquier actividad económica, y con estos acuerdos bilaterales de venta de energía eléctrica a industrias electrointensivas como Alcoa o Ferroglobe se puede conseguir un precio más competitivo que en otras comunidades autónomas.

Queda analizar la situación actual y  el recorrido de los parques eólicos a corto y medio plazo. En estos momentos hay autorizados más de setenta parques eólicos con una potencia total de unos 2.000 MW que supondrían un desembolso superior a 2.000 millones de euros, generando más de 7.000 empleos en la fase de ejecución y posteriormente unos 400 estables en mantenimiento, además de los otros beneficios transversales antes citados. 

Con horizonte 2030 el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima propone duplicar la potencia implantada en España en energía eólica al final de la década como herramienta imprescindible de lucha contra el Efecto Invernadero, para lo que las comunidades autónomas con mayor recurso eólico deberían concentrar la mayoría de los nuevos aerogeneradores. En caso de alcanzarse estos objetivos la potencia implantada en Galicia entre 2023 y 2030 sería de unos 4.000 MW, con los correspondientes impactos económicos y de creación de empleo. Más allá de 2030, el recorrido es prometedor, ya que Red Eléctrica de España estima que podrían autorizarse al menos otros 4.000 MW adicionalmente en eólica terrestre y centenares de aerogeneradores en el mar. En el caso de confirmarse todos estos nuevos parques es necesario reivindicar la fabricación industrial de componentes en Galicia, pues  estaríamos ante una demanda segura y continua de cientos de MW cada año que exigirán palas, góndolas y otros componentes que podrían ser fabricados en Galicia.

Los nuevos parques eólicos son infraestructuras que en general se aceptan como imprescindibles en la lucha contra el Cambio Climático. En este contexto debemos asumir que exige un compromiso por parte de los ciudadanos, que debemos ser partícipes del mismo, realizando un análisis coste-beneficio de lo que supone implantar medidas de lucha contra el calentamiento global, y beneficiando la cadena de suministro. En el caso de Galicia la implantación de nuevos parques eólicos podrían generar adicionalmente beneficios económicos, tal y como hemos expuesto en el presente artículo, y una gran aportación al relanzamiento del sector industrial en Galicia.

Autor: Oriol Sarmiento Díez, gerente de Cluergal.