La Xunta de Galicia pondrá a disposición de promotores y órganos de evaluación ambiental una guía práctica destinada a unificar los criterios técnicos para la valoración de los servicios ecosistémicos en la tramitación de proyectos, con el objetivo de agilizar los procedimientos sin reducir las garantías jurídicas ni ambientales. El presidente del Ejecutivo gallego, Alfonso Rueda, anunció este 3 de agosto la próxima publicación de este manual, aprobado por el Consello, destacando que será una herramienta pionera en España y que permitirá mejorar la calidad de la documentación presentada y reducir la necesidad de requerimientos o subsanaciones durante la evaluación de los expedientes.

La guía desarrolla la aplicación de la Ley de promoción de los beneficios sociales y económicos de los proyectos que utilizan los recursos naturales de Galicia, incorporando un marco metodológico común para evaluar el impacto de las actuaciones sobre los servicios ecosistémicos. Entre ellos se incluyen la provisión de agua y alimentos, la regulación del clima, la fertilidad del suelo o la protección frente a riesgos naturales. El documento establece criterios para identificar estos servicios, analizar su estado, valorar los efectos de cada proyecto y definir las medidas de prevención, corrección o compensación necesarias. Además, incorpora fichas adaptadas a las distintas tipologías de proyectos, con las principales presiones ambientales asociadas y los criterios técnicos para su evaluación.

La incorporación de esta metodología será obligatoria en la evaluación ambiental de proyectos de energías renovables, como parques eólicos, instalaciones fotovoltaicas o aprovechamientos hidroeléctricos. También en iniciativas que requieran concesiones de agua, actividades mineras o instalaciones de almacenamiento energético. Según la Xunta, la existencia de un procedimiento homogéneo facilitará también el trabajo de los órganos sectoriales encargados de emitir informes, contribuirá a reforzar la motivación técnica de las resoluciones administrativas y permitirá agilizar la tramitación de los aproximadamente 175 procedimientos de evaluación ambiental que se realizan cada año en Galicia.