En febrero de 2024, Mario Draghi, en su intervención ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo, lanzó una advertencia directa: Europa se enfrenta a una agonía lenta si no actúa con urgencia para recuperar su competitividad. Con su ya célebre apelación a los eurodiputados, “Please do something, you choose what”, reclamó acción inmediata. Un año después, en Bruselas, insistió en la misma idea, remarcando la necesidad de que una Europa unida emprenda acciones de calado frente a la presión de potencias globales. 

La industria renovable, en la que Europa fue pionera y líder durante décadas con países como Alemania, España o Dinamarca a la cabeza, no es una excepción. El contexto globalizado y la entrada masiva de nuevos actores demuestran que ser líder en innovación ya no basta: hacen falta economías de escala y, sobre todo, un marco regulatorio que asegure un verdadero level playing field.

Hasta la fecha, lo cierto es que la configuración de la normativa europea ha dado fundamentos suficientes para respaldar la advertencia de Draghi. En el caso de la industria renovable, el reglamento Net Zero Industry Act (NZIA) introduce criterios de adjudicación no vinculados al precio, aunque su alcance es limitado, ya que se aplica únicamente al mercado de subastas. Entre estos criterios figura el de “resiliencia”, destinado a favorecer la fabricación en Europa, sin embargo, la norma establece que un determinado componente no puede importarse en más de un 50% de un único país fuera de la Unión Europea, sin exigir en ningún caso que la producción se realice en territorio europeo. Además, el peso que pudiera tener en la adjudicación queda a merced del Estado miembro, lo que no hace predecible su aplicación. Por su parte el, Wind Power Action Plan (WPAP) o el European Solar Charter (ESC), carecen de carácter vinculante y apenas han sido adoptados por los estados miembros. Por otro lado, normas como el Mecanismo de Ajuste de Carbono en Frontera (CBAM), en su intento de internacionalizar los costes de carbono, genera una asimetría que perjudica a los fabricantes europeos al gravar la materia prima importada, mientras que los mismos productos fabricados fuera de la UE, utilizando la misma materia prima, entran en Europa sin gravamen alguno. 

Así, Europa, en el impulso de su independencia energética mediante una política descarbonizada, ha logrado un récord histórico en despliegue renovable, pero paradójicamente su industria manufacturera sigue perdiendo terreno.

Por contraste, otras potencias han adoptado marcos regulatorios de mayor alcance. En India, por ejemplo, se ha establecido un marco normativo exigente en materia de contenido local que obliga a la implantación de fabricantes en su territorio. En el sector eólico, la certificación nacional Revised List of Models and Manufacturers (RLMM) dispone que los aerogeneradores solo puedan instalarse si los fabricantes ensamblan nacelles, hubs, torres, palas y multiplicadoras en territorio indio, lo que ha impulsado la inversión extranjera en el país. Más recientemente, el think tank gubernamental NITI Aayog recomendó elevar el contenido local mínimo al 60%, abarcando un mayor número de componentes con el fin de reducir la dependencia de proveedores externos. En el ámbito solar, distintos programas nacionales de apoyo, como el CPSU Scheme Phase II, el PM-KUSUM o el Rooftop Solar Programme Phase II, exigen el uso de células y módulos fabricados en India. Esta política se ve reforzada por la Approved List of Models and Manufacturers (ALMM), que garantiza que los equipos certificados provengan de producción local.

Otro ejemplo es Brasil, que tras la crisis energética de 2001, desarrolló una política de contenido local pionera para eólica y solar a través del programa FINAME del gestionado por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES). Este mecanismo financia proyectos con condiciones ventajosas a cambio de utilizar equipos de proveedores nacionales previamente certificados, lo que contribuyó creación de una industria renovable local. Gracias a esta estrategia, se registraron numerosas inversiones en el sector eólico y solar en apenas unos años, atrayendo a fabricantes globales. Esto derivó en la creación de una cadena de suministro propia y en una notable reducción de la dependencia de importaciones en los componentes de mayor valor añadido.

Por otro lado, el Inflaction Reduction Act (IRA) implementado en Estados Unidos ha sido, hasta hace poco, un ejemplo global de cómo salvaguardar una industria estratégica como es la industria renovable. La ley introdujo deducciones fiscales vinculadas al contenido local, como el Domestic Content Bonus, que exige porcentajes crecientes de componentes fabricados en el país (40 % en solar y 20 % en eólica en 2024, con incrementos previstos hasta 55 %), y que se complementa con requisitos como el Steel or Iron Requirement, que obliga a que los procesos relacionados con acero y hierro se realicen en territorio estadounidense. Además, el IRA reforzó los incentivos fiscales tradicionales —Production Tax Credits (PTC) e Investment Tax Credits (ITC)— ampliando su alcance y duración para proyectos renovables.

No obstante, recientes acciones del Gobierno de Estados Unidos muestran cómo este marco puede volverse frágil y reversible. El Departamento de Comercio ha incluido a los aerogeneradores y sus componentes entre los 407 productos adicionales sujetos a aranceles del 50 % sobre contenido de acero y aluminio y, de forma paralela, se ha abierto una investigación bajo la Sección 232 para evaluar los posibles riesgos de las importaciones de aerogeneradores y componentes desde una perspectiva de seguridad nacional. Todo ello pone de relieve que las decisiones de política industrial, incluso cuando han favorecido la inversión y la transición energética, dependen en gran medida de la orientación política de la autoridad en el poder y, por tanto, están expuestas a cambios abruptos en cada ciclo de gobierno.

Europa cambia de paso

Sin embargo, la iniciativa más reciente de la Unión Europea muestra un claro giro de timón. La aprobación del Clean Industrial Deal (CID) impulsa por primera vez la aplicación de requisitos de contenido local (EU Content), que pueden contribuir a generar un mercado interno de gran volumen para los componentes fabricados en Europa. El CID, destinado a poner en marcha estas políticas mediante normativa como el Industrial Decarbonisation Accelerator Act, crea una ventana de oportunidad única para que la Unión Europea replique las estrategias de otras grandes potencias y fortalezca su base industrial. Además, a diferencia del NZIA, que limita su aplicación a las subastas, el CID establece que el contenido local podría aplicarse tanto en la compra pública como en la privada, abarcando así la totalidad del mercado y no solo una fracción del mismo. Asimismo, el CID plantea ampliar el alcance del CBAM más allá de las materias primas para incluir también bienes intermedios y finales, lo cual resulta esencial para evitar desventajas competitivas injustas para los fabricantes europeos.

Al mismo tiempo, se observa que algunos Estados miembros han comenzado a actuar de manera individual. Austria, por ejemplo, ha introducido el Made in Europe Bonus, que otorga un incentivo adicional en las subvenciones destinadas a proyectos fotovoltaicos y de almacenamiento que utilicen componentes con valor añadido europeo, incluidos módulos, inversores y baterías. Por su parte, en Italia, el Piano Transizione 5.0 ha introducido incentivos fiscales que contemplan beneficios específicos para la instalación de módulos fotovoltaicos producidos en la Unión Europea. De forma similar, en España, el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE) ha incorporado en la convocatoria CE Implementa 2, dirigida a proyectos de almacenamiento energético, una categoría que evalúa el contenido europeo de los componentes utilizados en la que es obligatorio alcanzar una puntuación mínima para que el proyecto pueda optar a la ayuda.

Está claro que se necesita una orquesta para interpretar una sinfonía y que las acciones individuales de los Estados miembros no bastan por sí solas para inclinar la balanza, pero marcan un cambio de tendencia y, si demuestran ser eficaces, es muy probable que otros países europeos las repliquen.

En definitiva, parece que la reacción de Europa ya ha llegado y ha creado el caldo de cultivo para el desarrollo de marcos normativos más ambiciosos. Si estos se implementan con decisión y, sobre todo, con rapidez, el continente podrá alcanzar los objetivos marcados y recuperar la senda de la competitividad, consolidándose, sin duda, como un actor de primera línea en el tablero internacional.

Artículo publicado en el Nº 33 de Dínamo Técnica de octubre de 2025.

Autor: Iker Chasco, director gerente de Enercluster, clúster de energías renovables de Navarra.