La Asociación Eólica de Galicia (EGA) ha expresado su profundo malestar por la contradicción entre los tribunales gallegos y las instancias judiciales española y europea respecto a los proyectos eólicos ya autorizados y con declaración ambiental favorable. Pese a que el Tribunal Supremo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea han ratificado la legalidad de los procedimientos seguidos por la Xunta de Galicia, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) continúa revocando permisos, como en el caso del parque A Ruña III en Mazaricos.

EGA considera incomprensible que se exija una nueva evaluación ambiental para infraestructuras ya en servicio y denuncia interpretaciones judiciales arbitrarias que generan inseguridad jurídica. Según la patronal, esta situación ha derivado en un bloqueo que afecta a más de 90 proyectos y 2.500 MW de potencia, con un impacto devastador sobre el empleo y la inversión. EGA estima que cada año se pierden 2.750 puestos de trabajo y más de 6.300 millones de euros en inversiones, además de poner en riesgo la cadena de valor industrial del sector. La asociación alerta de que Galicia no puede permitirse este “parón destructivo” que frena su transición energética, aumenta la dependencia de combustibles fósiles y debilita la descarbonización de la economía.

EGA reclama una política clara y coordinada que reconozca el carácter estratégico y de interés público superior de las energías renovables, tal como establece la directiva europea. Advierte que el relato contrario a la eólica se ha construido sobre falsedades, recordando que Galicia es uno de los territorios más protegidos del mundo y que la mayoría de los proyectos rechazados no cumplían la normativa. Con un sector en declive y profesionales emigrando al extranjero, la asociación denuncia que Galicia vive una auténtica “moratoria judicial” que pone en riesgo su futuro industrial y sostenible.